La Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa se negó ayer a prohijar un anteproyecto de ley que pretendía derogar la resolución del Ministerio de Comercio que equipara a la Panama Ports Company (PPC) los beneficios, exoneraciones e incentivos que se otorgan a las concesionarias portuarias.
Al tiempo que la presidenta de la República, Mireya Moscoso dijo que esperará el fallo de la Corte Suprema de Justicia en caso que la Asamblea Legislativa decida interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la equiparación hecha a Panama Ports.
El mencionado anteproyecto de ley, presentado por la legisladora Teresita de Arias, sólo recibió el voto afirmativo de Laurentino Cortizo y Odilia Sarmiento (suplente de Balbina Herrera). Mientras que los oficialistas Arturo Araúz, José Luis Fábrega y Nodier Miranda votaron en contra. Se abstuvieron Edy Londoño y Rubén De León, estos últimos miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Ante la negativa de los legisladores a prohijar el anteproyecto, paso inicial para que se convierta en proyecto de ley y pueda recibir los debates correspondientes, la legisladora Arias dijo que para el próximo lunes presentará ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad contra la citada resolución.
Por otra parte, la Comisión de Comercio acordó citar nuevamente al ministro de Comercio, Joaquín Jácome, para que explique una serie de elementos que, a juicio de los legisladores, no fueron aclarados lo suficiente durante la comparecencia anterior.
El dirigente del SUNTRACS, Saúl Méndez, manifestó que la Dirección de Migración le había otorgado ese número de cédula a Murillo Vergara, quien es el secretario de Fiscalización del SUNTRACS.
Jaime Moreno, ministro encargado de Trabajo, señaló que se restablecerá la antigua directiva del SUNTRACS, cuyos miembros son los mismos de la directiva escogida el pasado 14 de marzo, con excepción de Murillo Vergara.
Según el SUNTRACS, el Convenio 187 y los pronunciamientos de la Comisión de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecen que los extranjeros tienen derecho a ejercer cargos directivos en los sindicatos.
Uno de los principios del derecho del trabajo -de acuerdo con Méndez- plantea que si existen dos normativas que regulan la misma materia, debe aplicarse la que más favorece al trabajador.
