La comisión que investigó los hechos violentos registrados en Changuinola, el pasado mes de julio, propuso al Gobierno Nacional la aprobación de una ley de reparación integral a las víctimas de violación a los derechos humanos.
La intención es que cuando haya este tipo de infracciones de parte de los organismos del Estado, la reparación no quede a criterio del gobierno de turno y que exista una ley que establezca la obligatoriedad a reparar el daño.
El Estado estará obligado a reconocer, atender, brindar asistencia e indemnizar a las víctimas de violación a los derechos humanos de parte de los estamentos oficiales.
Se excluye de la categoría de víctimas a las persnas que sufran menoscabo de sus derechos humanos como consecuencia de actos de delincuencia común.
La propuesta define como víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluyendo lesiones físicas o mentales o pérdidas económicas por acción de un organismo del Estado.
