El Movimiento Ciudadano Anticorrupción pidió al Ejecutivo que cumpla las recomendaciones de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, pues ha sido poco o nada lo que hasta ahora se ha ejecutado.
Leandro Avila, miembro de la comisión, manifestó que aunque las recomendaciones de la Comisión Contra la Corrupción, no llenaban las expectativas de la sociedad civil, éstas no se han aplicado en el sector público.
Sostuvo que la sociedad civil espera el cumplimiento de estas recomendaciones, para que la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, no se vea burlada en el trabajo que realizó y que la opinión pública siga perdiendo la credibilidad en los gobernantes y en las instituciones públicas.
Precisó que entre las recomendaciones que no se han cumplido está la creación de una entidad con alcance nacional e independiente, dedicada a la lucha anticorrupción, al igual que propiciar un acuerdo nacional con la participación de los tres órganos del Estado, que permita establecer políticas públicas contra este flagelo.
222La Comisión Presidencial Contra la Corrupción fue nombrada por la mandataria para combatir el flagelo.
Igualmente, recalcó, es necesario hacer reformas al Código Electoral que reúnan el sentir de la sociedad, en especial en lo relacionado con las candidaturas independientes. El movimiento solicitó también modificar la ley de Carrera Administrativa, expedir la ley general de sueldos y revisar los salarios de aquellos que devengan menos de los 700 balboas.
Por su parte, Maribel Jaén, presidenta de la Comisión Justicia y Paz, pidió que se investiguen los hechos de corrupción denunciados, que los legisladores y otros funcionarios renuncien a sus fueros, que se inicie un proceso de reformas institucionales y legales tendientes a enfrentar la corrupción y fijar un alto al "juega vivo" que se ejerce en el sector privado y en otros de la sociedad.
En tanto, el defensor del pueblo adjunto Guido Rodríguez, dijo que los resultados obtenidos en torno a la Ley de Transparencia, no han llenado las expectativas de la ciudadanía. No se han llenado, enfatizó, porque en el camino se han sumado la falta de voluntad política del Organo Ejecutivo, manifestadas en el decreto reglamentario 124 que pretendió cercenar una ley diáfana y clara.
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