La Comisión de Drogas y la de Gobierno de la Asamblea Legislativa solicitarán una cita en Washington al Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), a fin de conocer "qué es lo que realmente quieren" o cuáles son las medidas que recomiendan aplicar en Panamá para combatir el lavado de dinero internacional.
El legislador Miguel Bush, presidente de la Comisión de Drogas de la Asamblea, afirmó ayer que los legisladores de ambas comisiones quieren conocer del propio organismo qué es lo que se pretende, porque hay veces que "los panameños exageramos".
Bush dijo que esta inquietud ya fue comunicada al presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, quien se ha mostrado de acuerdo y por eso la intención en firme de los legisladores de viajar a la sede del GAFI.
La Comisión de Drogas de la Asamblea inició ayer la discusión en primer debate del proyecto de ley mediante el cual se establecen medidas especiales para la prevención del delito del blanqueo de activos, el cual recibió severas críticas de parte de varios legisladores y otros sectores que estuvieron representados en la reunión.
Bush expresó que hay que tener mucho cuidado con estas propuestas porque de repente se aprueba una excelente ley, pero se acaba con la economía panameña.
Por su parte, Giovanni Ferrari, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, afirmó que estas leyes provocarían diversos "traumas" en la actividad comercial panameña, sobre todo en esta área de libre comercio internacional.
Estas normas restarían competitividad a Panamá a nivel internacional, ya que obligarían a las empresas de Zona Libre a exigir a cada cliente con la intención de comprar más de B/. 10 mil y a presentar una certificación de su país en el cual se den detalles de su actividad comercial, además una lista con los nombres de los miembros de la junta directiva y otros detalles que muy difícilmente una persona lleva cuando sale de su país.
Mientras que Aníbal Salas, viceministro de la Presidencia, expresó su confianza en que este proyecto sea aprobado antes del 25 de septiembre, pero indicó que ahora todo está en manos de la Asamblea Legislativa, órgano que discute los dos proyectos de ley que ya fueron presentados por el Organo Ejecutivo.
Panamá tiene una mora en este tipo de legislaciones y hay que tener presente que el GAFI hace advertencias a nivel mundial de que este país está en la lista negra y que hay que tener cuidado con las transacciones comerciales que se hagan con esta nación, lo cual resulta contraproducente y negativo.
Mientras que Mario de Diego, representante de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), manifestó que esta ley no causaría mayores efectos sobre la actividad bancaria panameña, ya que la mayoría de las normas que se establecen ya están en práctica.
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