La Defensoría del Pueblo (DP) y el Ministerio Público (MP) impulsan un anteproyecto de ley que busca elevar las sanciones y penalizar a las personas que incurran en delitos contra el ambiente.
En aras de elevar las consultas y coordinar la protección del ambiente se creó el Comité Jurídico Técnico Asesor del proyecto de ley que se pretende adicionar al Código Penal panameño titulo XIII, que se refiere a los delitos contra el ambiente.
El director de Asuntos Ecológicos de la Defensoría del Pueblo, Tomás Fernández, aseveró que este Comité revisa el borrador entregado a la Asamblea Legislativa que actualmente es discutido en primer debate, para determinar si deben hacerse correcciones o agregar nuevas recomendaciones.
Agregó que la idea es penalizar los delitos que particulares o empresas privadas y de gobierno cometan contra el ambiente, porque actualmente se utiliza la vía administrativa y que se hace necesario una sanción ejemplar para evitar futuras reincidencias en delitos tipificadas en la legislación penal.
Dijo que estarán pendientes al llamado de los legisladores para lograr la aprobación de la ley, pues se requiere con urgencia determinar los delitos y sus respectivas sanciones.
Por su parte, el fiscal quinto de circuito de delitos relacionados con el ambiente, Geovanni Olmos, dijo que este proyecto pretende ampliar su alcance a tal punto que vía ordinaria de las investigaciones penales puedan conocer los casos que se relacionen con la contaminación ambiental.
La reunión tuvo el objetivo de estudiar nuevas alternativas y estrategias que contribuyan a la aprobación del texto legal, que actualmente se encuentra en segundo debate en la Asamblea Legislativa.
Olmos hizo un llamado a los legisladores para que se interesen por el proyecto que tiene el objetivo de contrarrestar la incidencia de delitos relacionados con el ambiente.
Dijo que existen muchas figuras como la contaminación de recursos hídricos, la tala y el trasiego de productos tóxicos que deben tener mayor control por lo que se hace necesaria la reglamentación de esta ley.
Actualmente existe la Ley 24 y la forestal que reglamentan los delitos ambientales, pero, a consideración del Fiscal, estas leyes no han tenido una real efectividad para el control de las personas que incurren en actividades que contaminan el ambiente.
"Realmente no queremos intimidar a ninguna persona natural o jurídica, pero aplicando sanciones más enérgicas las personas asumirán una conducta que prevenga el daño ambiental", dijo Olmos.
Aseguró que la vía penal contribuirá como instrumento para contrarrestar la incidencia en este delito.
En tanto, el representante de la Defensoría del Pueblo dijo que han solicitado varias investigaciones por este delito, pero que las leyes vigentes no permite la aplicación de sanciones que lleven al entendimiento de las personas que acabar con los recursos naturales representa un delito que en otros países incluso se paga con cárcel.
Dijo que con la nueva ley se podrá dar un seguimiento a todas las personas que soliciten una autorización para explotar cualquier tipo de recurso natural, para así garantizar la subsistencia ambiental y ecológica.
Advirtió que casos como la explotación de madera en la provincia de Darién, donde en ocasiones no se respetan los bosques primarios serán vigilados para que se cumpla con las disposiciones de lo permitido en la nueva ley para la extracción de madera.
