Panamá puede retirarse del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por decisión propia y no se necesita ninguna reforma a la Constitución, explicó ayer el ex canciller de la República, José Raúl Mulino.
La presidenta de la República, Mireya Moscoso, recomendó retirarse del PARLACEN, y aseguró que esta tarea le quedaba al próximo gobierno, el que debía hacerlo a través de una reforma a la Constitución.
Moscoso dijo desconocer la labor realizada por los parlamentarios panameños, a pesar de que el país transfiere al PARLACEN anualmente B/.1 millón 800 mil para gastos de funcionamiento.
La efectividad del trabajo de los miembros del foro, 22 de ellos panameños y quienes devengan un salario de 1,200 dólares por mes más B/.2,750 en gastos de representación, ha sido criticada en todos los países de la región.
Según Mulino, se puede proceder a través de la Cláusula de Denuncia, que es la manera como un tratado termina su vida jurídica.
Aseveró que cualquiera de los países miembros de forma individual está libre de denunciar sus tratados, sin que en este caso constituya alguna violación a las normas jurídicas establecidas.
Por su parte el constitucionalista Miguel Antonio Bernal indicó que Panamá, a través de la Asamblea Legislativa, puede aprobar una nueva ley de un solo artículo, para retirarse de este organismo regional.
"Esta es una potestad del Estado panameño, el adherirse o no a estos organismos o salirse o mantenerse en ellos", enfatizó.
También se fijaba en este renglón, los 14.5 millones de dólares que se desembolsaron en una arreglo judicial con las empresas Inversiones Kamasu, S.A. y Cibertec, que en 1999 presentó una demanda.
