LA COMISIÓN Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED) tiene que pasar por muchas dificultades a la hora de tener a su disposición los bienes que le son remitidos por los fiscales y los jueces, después de las sentencias en firme.
El problema, más que a lo interno de la institución, está ligado a la demora en los procesos judiciales y a las instituciones que forman parte de la cadena de custodia de bienes incautados por delitos relacionados con drogas.
La secretaria ejecutiva de CONAPRED, Holda Alvarez de Marré, enumeró a Panamá América una serie de dificultades a las que se enfrentan, entre ellas, la demora en recibir las sentencias, la falta de descripción y ubicación de los bienes, así como la demora en recibirlos, entre otros.
Lo peor es que la demora en los procesos relacionados con drogas y la notificación tardía de las sentencias de hasta años, hace que los bienes que les llegan se encuentren en tan mal estado que ya no pueden ser rematados.
A CONAPRED se traspasan muebles con polillas y hasta vehículos que sólo pueden ser vendidos como chatarra. Pero esto, a juicio de Marré, tiene sus causas. No hay responsabilidad por las instituciones que tienen que velar por la custodia de los bienes y de que éstos se mantengan en buen estado, tal como se los exige la ley.
La Comisión enfrenta problemas administrativos y hasta legales.
Muchas dificultades tiene la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), en su tarea de localizar los bienes que les son remitidos por los jueces una vez se da la sentencia condenatoria de un caso.
Así lo hizo saber a Panamá América, Holda de Marré, secretaria ejecutiva de CONAPRED, cuya gestión administrativa la encabeza la Procuraduría General de la Nación.
Pero los problemas de CONAPRED no sólo son por la ubicación de los bienes, sino que muchos de ellos les son remitidos en un avanzado deterioro, tal como sucede con los vehículos, embarcaciones o propiedades.
Sólo el año pasado, de 17 bienes que se les remitió y que pasaron los avalúos que se exigen de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas para su venta, nueve estaban en total deterioro.
Un recuento fotográfico al que tuvimos acceso este diario, corroboró lo dicho por de Marré. Vehículos convertidos en chatarra son traspasados a la Comisión, varios de los cuales ni siquiera se encuentran guardados en las instalaciones de los Centros de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados del Ministerio Público, sino en lotes valdíos a la total voluntad de las inclemencias del tiempo o de los amigos de lo ajeno. En resumidas cuentas, no se tiene un orden.
Prueba de ello, es que incluso hasta las propiedades incautadas sirven de Fondo de Custodia, porque éstos ya no tienen capacidad para albergar tantas evidencias.
Marré señaló que hay que adecuarse frente a la responsabilidad que se tiene, porque si no hay espacio suficiente habrá deterioro de bienes.
Los artículos se deterioran porque cuando se incautan y hasta que se cumpla todo el proceso penal pueden transcurrir dos, tres o cuatro años. Posteriormente aunque ya se dé una sentencia, los bienes son entregados a CONAPRED ocho años después. Esa es la realidad con la que vive esta oficina.
Una solución a estos problemas, según plantea Marré, es que la persona o entidad que tenga los bienes incautados sea responsable de ellos. "No se puede tener la responsabilidad de un bien y no contar con los recursos necesarios para afrontar esa responsabilidad", sentenció.
Por otro lado, destacó que deben existir mecanismos de control. La falta de recursos de las instituciones que tienen a su cargo la custodia de bienes se puso en evidencia ayer, en la primera entrega de este reportaje. Se hace necesario dotar a esas dependencias de recursos para que puedan afrontar la responsabilidad que la ley les confiere, la de ser "un buen padre de familia en la custodia de ese bien".
Otro problema, es que a pesar que un artículo o propiedad es remitido a la Comisión, y ésta envía notas a las instituciones que tienen su custodia para dar con su ubicación, muchas veces no reciben de ellas una respuesta adecuada, denunció Marré.
El miércoles 16 de julio de 2003, el entonces fiscal primero de Drogas, Rosendo Miranda, envió una carta a todos los jueces por instrucción del exprocurador José Antonio Sossa en el que les señala que a partir de agosto de ese año deben ser enviadas a CONAPRED todas aquellas sentencias en las cuales se ordena los decomisos de bienes que previamente fueron cautelados por ese despacho, con el propósito de que la Comisión pueda disponer de los mismos.
Claramente esto refleja que a la Comisión no le llegaba la totalidad de las sentencias. Por otro lado, el documento recalcó que el que incumpla dicha instrucción será objeto de severas sanciones incluyendo la destitución.
Y es que sin las sentencias para la Comisión es imposible saber dónde están los bienes que le son traspasados. De allí, que se haya tenido que recurrir a instalar una base de datos, en donde entre las más recientes se han recibido 11 sentencias del año pasado, aunque hay unas que datan de los años 1995 y 1996, y que sólo ahora son notificadas a CONAPRED. Esto no es todo, los funcionarios de la Comisión han tenido que ir a los Juzgados y buscar sentencia por sentencia; una función que no tendría que hacer.
Lo cierto es que la oficina recibe ahora más sentencias de los jueces, pero muy pocas de parte de los fiscales.
Hay otro aspecto que subsanar. En las sentencias, con algunas excepciones, no se detalla la ubicación ni se describen los bienes que pasarán a la Comisión; esto hace más difícil la labor de localizarlos y disponer de ellos. Peor aún, cuando se les notifica muchos años después de la sentencia de un caso.
En opinión de la secretaria ejecutiva de CONAPRED, una vez se incaute un bien, se debe tomar automáticamente todo y describirlo; lo que les da la garantía de que cuando se tenga que recurrir a ese bien, sea ese el fue descrito con anterioridad. Esta situación también plantea un problema para quienes tienen a su cargo la custodia del bien, porque les complica el trabajo de localización cuando ha transcurrido mucho tiempo.
A la pregunta de ¿cuánta chatarra tiene CONAPRED?, Marré contestó con otra interrogante ¿ubicadas? No obstante, destacó que afortunadamente la chatarra está cotizada y se han ido vendiendo a B/. 25.00, según establecen los avalúos.
En el 2001 CONAPRED hace un acuerdo de venta de bienes utilizando lo que plantea la Ley 56 de contrataciones públicas. Se realiza un avalúo del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría, luego se identifica el valor del bien. Dependiendo de él, se realiza el acto público de venta, ya sea directa, solicitud de precio o licitación.
Por lo general, apuntó Marré, se hace la venta por solicitud de precio o venta directa tipo subasta, publicando en los medios impresos o Internet la convocatoria, para poder tener mayor participación.
Cabe señalar que en lo que va del año todavía no se han realizado subastas, porque se está a la espera de los avalúos de unos 32 vehículos, dos apartamentos y una embarcación.
El año pasado CONAPRED logró en sus ventas por subastas B/. 20,351.55, de 17 bienes traspasados por los juzgados. Nueve de los cuales ya eran vehículos chatarra, lo demás: una finca, una embarcación y seis vehículos en mejores condiciones.
Los dineros comisados u obtenidos de remates de bienes constituirán un fondo destinado a las campañas y programas de prevención, rehabilitación y represión de los delitos relacionados con drogas.
La Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, reformada por la Ley N°. 13 de julio de 1994 crean y regulan las funciones de CONAPRED.
