Una denuncia criminal contra el ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, interpondrá el Consejo Municipal de Colón, por el incumplimiento en la transferencia de cerca de B/.5 millones del Impuesto de Bienes Inmuebles a la municipalidad. La decisión de la comuna se adopta luego de analizar las diligencias realizadas por el Municipio de Colón para que los fondos que genera el impuesto puedan ser utilizados en la realización de obras de desarrollo en el distrito.
La determinación de la comuna se debe a que en el año 1997 la Asamblea Legislativa, a través de la Ley 32 de 16 de octubre, adoptó medidas para el financiamiento de programas de desarrollo en el distrito de Colón
"En su artículo 1 la mencionada ley destaca que todos los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto del inmueble pagados por terrenos, edificios y construcciones permanentes o que se construyan en el distrito de Colón y sus ejidos serán transferidos por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, hoy Economía y Finanzas, al presupuesto de inversiones del Municipio de Colón", señala la disposición legal.
En una nota de prensa, el presidente del Concejo, Manuel Walter Chiari, señala que se ha girado instrucciones al departamento de Asesoría Legal, dirigido por Víctor Almengor, para presentar una denuncia criminal contra el ministro Norberto Delgado.
Chiari indicó que el Municipio ha cumplido con todos los trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
A pesar de que el tema ha sido traído a discusión por el presidente de la Asamblea Legislativa, todavía no existe ninguna decisión al respecto.
El legislador Francisco Ameglio, coordinador de la bancada oficialista, que ahora incluye cuarenta de los setenta y un legisladores, indicó que él en lo personal no está interesado en que las partidas circuitales sean restablecidas, posición que en su opinión la comparte la presidenta de la República, Mireya Moscoso, quien ha dicho que prefiere que no existan.
No obstante, reconoció que dentro de la bancada oficialista existen legisladores que están interesados en que vuelvan a incluirse. Ameglio dijo que hasta el momento la bancada oficialista no se ha reunido para evaluar el tema, pero está seguro que si el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Alvarado, está interesado en el tema habrá que discutirlo y tomar una decisión al respecto.
Sería una decisión en conjunto de todos los miembros de la bancada y en el caso que haya una determinación al respecto, habría que discutirlo con el Ejecutivo. Francisco Alemán, propuesto como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, definió las partidas circuitales como respuestas rápidas en los circuitos electorales, al mismo tiempo manifestó que está de acuerdo con su restablecimiento.
No obstante, el legislador Alemán reconció que la situación económica que vive el país actualmente no permite que sean reasignadas, razón por la cual no sería adecuado que se solicitara su restablecimiento.
Indicó que el problema está en los malos manejos que se han dado en el pasado a las partidas circuitales y antes de restablecerlas, habría que maximizar la fiscalización para evitar que se vuelvan a repetir situaciones que dejan dudas sobre el manejo de estos fondos públicos.
Habría que establecer mayores controles con la Contraloría General de la República, ya que es la institución que constitucionalmente le corresponde fiscalizar el uso de los fondos del Estado.
Alvarado durante una reunión en el MEF dejó clara su posición a favor del restablecimiento de las partidas circuitales en el Presupuesto General del Estado para el año 2003.
Alvarado expresó que está conciente de que el reestablecimiento de las partidas circuitales "no va a ser fácil", sobre todo porque no hay voluntad política.
El presidente de la Asamblea indicó que es consciente que las partidas circuitales han sido muy cuestionadas, pero afirmó que se podría buscar "el mecanismo" para incluirlas en el Presupuesto del próximo año.
Afirmó que las partidas circuitales benefician sobre todo a las comunidades apartadas del país, las cuales no son incluidas en el Presupuesto General del Estado.
Desde que se eliminaron las partidas circuitales, los más afectadas han sido esas comunidades pobres que por ser tan pequeñas no son incluidas en las obras de infraestructura que por lo general desarrolla el gobierno.
Alvarado dijo que se construyen caminos de penetración, pequeños acueductos, se reparan escuelas y se dota a los planteles de equipo y computadoras.
Reconoció que el problema ha estado en el manejo de estos fondos y las presuntas situaciones de corrupción que se han dado, pero afirmó que las mismas pueden ser superadas con una reglamentación y con mayor fiscalización de parte de la Contraloría General de la República.
Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alvarado dijo que para evitar problemas legales, se podrían incluir como obras comunitarias u otra forma en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, como se hacía en el pasado.
El legislador aclaró que contrario a lo que mucha gente piensa, las partidas circuitales nunca han sido incluidas en el Presupuesto General del Estado, tampoco son manejadas directamente por los legisladores.
Aclaró que las partidas se incluyen en el presupuesto del MEF y que su ejecución es fiscalizada por la Contraloría General de la República como sucede con todos los fondos del Estado.
Durante el último año en el que se ejecutaron las partidas circuitales se creó el Programa de Desarrollo Social (PRODESO), oficina que estuvo a Cargo de José Vence, quien fuera el último director del Fondo de Inversión Social (FIS) durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Vence explicó que ante los cuestionamientos que se hacían por la ejecución de las partidas, la misma Asamblea Legislativa decidió poner un orden en el uso de las partidas circuitales" que dio lugar a un acuerdo para la reglamentación del uso de estos fondos.
Durante el último año de ejecución de las partidas circuitales, se estableció que a más tardar el 31 de marzo de cada año, los legisladores debían presentar un informe de la ejecución de sus proyectos de desarrollo social del año inmediatamente anterior.
Según Vence, se estableció que al legislador que no presentara el informe no se le haría el desembolso de su partida circuital del año en curso, lo cual permitió un control bastante efectivo sobre el uso de estos fondos.
También se dispuso en las reglamentaciones que las adjudicaciones de los proyectos de desarrollo social se regirán por la Ley 56 de 1995 (Contratación Pública), a excepción de los que se ejecuten en los municipios, los cuales se regirán por sus leyes especiales, además los fondos de los proyectos sería destinados y ejecutados principalmente en el circuito electoral que representa el legislador. No obstante, podrá utilizarse para invertir en proyectos de carácter provincial o nacional, hasta un máximo del 25 %.
Estas fueron sólo algunas de las normas incluidas en la reglamentación para el uso de las partidas, los legisladores que abogan por el restablecimiento de las partidas circuitales han planteado que se puede incrementar la fiscalización en conjunto con la Contraloría de la República para evitar el mal uso de estos fondos.
