La concesión de los alimentos que son distribuidos a los privados de libertad de la Cárcel Pública de La Chorrera fue denunciada por la representante legal de la empresa Vicech S.A., Edilsa Sánchez.
La denunciante aseguró que el acto fue irregular por parte de funcionarios de compras del Ministerio de Gobierno y Justicia, quienes adjudicaron el contrato a una empresa que no fue a licitación.
Esta situación generó que Sánchez, quien participó en la licitación pública, hiciera la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por la presunta falsificación de documentos, falsificación de firmas, fraccionamiento de facturas para evadir a la Contraloría General de la República.
Ante estos hechos el nuevo director del Sistema Penitenciario, Carlos Landero, informó que se están efectuado investigaciones internas.
Las empresas a las cuales se le otorgó la licitación de forma directa sin haber participado en la licitación pública, corresponden a Distribuidora Liz y a la Fonda La Macaraqueña que, según Sánchez.
Vicech S.A. ya distribuía la comida a B/.1.50 por persona, y las otras empresas cobran un total de B/.1.85 diario.
Los investigadores a través de las inspecciones en el área del incendio lograron ubicar tres elementos: kerosene, xileno y grasa o aceite pesado, este último no es considerado como un acelerante.
Las muestras de estas sustancias fueron ubicadas en algunas maderas y material que se recolectó en el edificio siniestrado y luego analizadas en un cromatógrafo.
Por otro lado, los investigadores están tras la pista de cuatro automóviles que fueron vistos el día del incendio en el Tribunal Marítimo. La persona que causó el fuego trató de abrir la caja fuerte donde estaban las evidencias.
