El Segundo Tribunal de Justicia aplicó una condena de 20 años de prisión al ciudadano inglés Peter Anthony Byrne por el homicidio del ejecutivo de la empresa telefónica Cable & Wireless, Maxim Conroy, y a la vez solicitó la apertura de una investigación contra la abogada Edna Ramos por supuestas presiones ejercidas contra dos testigos durante el proceso.
El tribunal aplicó la máxima sanción a Byrne por el asesinato perpetrado el 30 de julio de 1999 en el apartamento A-Torre Zafiro, piso No. 20, del edificio Royak Princess de Punta Paitilla, en donde residía Conroy.
También se dispuso que Byrne, quien durante la audiencia argumentó padecer trastornos mentales al momento de ejecutar el crimen, sea trasladado a un centro penitenciario de la localidad para que cumpla la sanción impuesta.
Dentro de la resolución el tribunal dispuso abrir una investigación contra la abogada Edna Ramos, quien fungió como defensora de Byrne, por presuntas presiones ejercidas contra los testigos Yira Flores y Saturnino Flores, quienes durante la audiencia dijeron haber sufrido presiones para que cambiaran su testimonio.
Durante la investigación se logró establecer que Conroy murió a causa de múltiples heridas que fueron propinadas por Byrne con un arma blanca, quien tenía apenas dos días de haber llegado al territorio nacional y se alojaba en la residencia del ejecutivo de Cable & Wireless.
En su fallo el tribunal señala que en este caso el homicidio fue ejecutado debido a causas fútiles, porque no medió justificación y la explicación ofrecida por el sindicado no es razón suficiente para llevar a cabo una acción de tal magnitud.
Sostiene el fallo que la pena de 20 años fue fijada sin disminución porque no han concurrido circunstancias atenuantes favorables al procesado, además aplicó la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a partir del cumplimiento de la pena privativa de la libertad.
Inicialmente el Segundo Tribunal de Justicia dio un sobreseimiento a favor de Byrne, pero la Sala Penal de la Corte Suprema revocó esta decisión y abrió causa criminal al sindicado, luego que la fiscalía presentara una apelación en este caso.
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