Esa noche no hubo perdidas humanas, pero a diferencia de otras latitudes, ellos no fueron afectados por fuertes lluvias y vientos, sino por la supuesta falta de planeación y de un sistema de alerta temprana que previera el desastre y sus consecuencias.
Ese día, a ella y al igual que los moradores del corregimiento de El Llano, en el distrito de Chepo, los tomó por sorpresa el "derrame controlado" que había programado la empresa de generación de energía AES Panamá, ante el aumento en los altos niveles de agua que se reportaban en la represa y que marcaron récord históricos. Los reportes indican que los niveles de agua pasaron los 59.5 metros.
No obstante, y a pesar que los moradores están acostumbrados a este tipo de derrames que realizaba la administración anterior - ya que a lo largo de los años se habían realizado 4 sin afectarlos - sienten que ese día todo cambió y temen por su vida.
Desde entonces, esta población lucha por sobrevivir y porque la empresa asuma la responsabilidad de regular con eficacia estos derrames, porque temen que la historia se repita una vez más y pierdan todo lo que con trabajo y esfuerzo han conseguido en estas tierras que son más que su hogar, parte de su vida.
José Alfredo Delgado, uno de los moradores y productor afectado, está preocupado porque considera que este problema no sólo se trata de la inundación de un pueblo, de la pérdida de enseres domésticos, sino que abarca más por los serios daños ecológicos que se han reportado y que son impactantes, ya que varias hectáreas a orillas del río desaparecieron, mostrando un panorama desolador.
Un estudio de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) así lo demuestra, ya que indica que la devastación fue un desastre que afectó severamente la ecología del lugar.
Prueba de ello es que más de 57 productores y 11 pescadores de esta zona fueron afectados de forma parcial y otros de forma permanente, ya que sus terrenos se redujeron cuando las crecientes del río Bayano reclamaron estos terrenos.
Ante esta situación, Miriam Luna, otra moradora, reclama la intervención de las autoridades competentes para que la historia no se repita y pueda garantizarle a sus hijos un sitio seguro para vivir.
Por ello, recientemente el Ministerio de Vivienda concluyó un Censo en el área para evaluar la zona y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) realiza estudios para demarcar los puntos de este corregimiento considerados "inundables".
No obstante, a esta medida se oponen los moradores, ya que consideran que no es factible, si antes no se toman medidas como establecer sistemas de alertas tempranas, planes de contingencia y de evacuación para salvaguardar la vida de los moradores.
