La Fundación Ciudadana Pro Orden y Disciplina (FUCIPOD) condenó la falta de acción de las autoridades para castigar ejemplarmente a las personas que participan en algún tipo de delitos de cualquier naturaleza y le exigió a las autoridades que definan las políticas públicas a seguir para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
FUCIDOP denunció que las instancias competentes carecen de "falta de autoridad" y no se arriesgan a adoptar sanciones drásticas en contra de quienes violan las leyes, para no enfrentar el "famoso costo político que toda medida fuerte debe conllevar".
El organismo rechazó que se quieran hacer comparaciones de los niveles de delincuencia de Panamá con otros países sólo para justificar la inacción "que nos devora".
Mediante un comunicado, FUCIPOD advierte que la falta de una autoridad firme y respetuosa está provocando que el orden y la disciplina ciudadana haya ido decayendo, que se estén perdiendo los valores humanos y el respeto por los derechos ajenos para caer en la nefasta práctica del juega vivo.
La fundación hace la salvedad que son varios los factores que están influyendo en la pérdida de valores, como la irresponsabilidad de padres de familias producto de hogares destruidos, el bombardeo de costumbres foráneas a través de los medios de comunicación social, la deficiencia educativa y el hacinamiento población producto de la migración descontrolada desde el interior del país.
La falta de sanciones ejemplares a todos los delincuentes del nivel sociocultural y económico es lo que impide que se pueda combatir la corrupción y otros males que afectan a la sociedad es lo que "nos impide avanzar" ya que las autoridades parecieran adoptar una actitud de dejar las cosas como están por temor al llamado costo político.
La inobservancia de las leyes de tránsito, el cierre de calles, la falta de recursos para la Policía Nacional y otras medidas que no se cumplen fueron expuestas como muestras de las indiferencia de las autoridades.
La Fundación presentó como un ejemplo de que la autoridad no se ejerce en el tema del tránsito, sin embargo, aclaró que también se puede incluir entre los infractores a aquellos empresarios que declaran quiebras fraudulentas para liberarse del pago de las prestaciones laborales, así como los patronos que descuentan las cuotas obrero patronales de sus empleados y nos las remiten a la Caja del Seguro Social.
También reclamaron mayor actividad por parte de la Dirección Nacional de Migración a fin de revisar el status de algunos ciudadanos extranjeros en el país en vista de la cantidad de hechos delictivos en los cuales están involucrados personas de otras nacionalidades.
Sin embargo, esta postura no la comparte Leonel Montilla, representante de los llamados taxis "piratas".
Según Montilla, ellos han brindado ese servicio por más de 15 años a los usuarios de Panamá Oeste, por lo que esperan que un nuevo anteproyecto que fue presentado a la Asamblea para su análisis, les permita a los "taxis auxiliares" brindarlo de manera legal.
Mientras tanto, la representante legal de los usuarios de Arraiján y La Chorrera, Esperanza Mena, exigió a las autoridades de Tránsito cesar la campaña de acoso y multas contra los conductores de taxis que transportan pasajeros a Panamá Oeste.
Mena también urgió por la creación de una nueva piquera en el área de Calidonia, de forma que los usuarios tengan una alternativa a la terminal de Albrook y no estén obligados a viajar hasta allí.
