A tres meses de cumplirse diez años de uno de los escándalos más grandes de supuesta corrupción, ayer el juez tercero penal Adolfo Mejía decidió condenar a seis años de prisión a Dalvis Xiomara Sánchez por el delito de enriquecimiento injustificado, específicamente por el caso conocido como “los durodólares”.
Su abogado Rogelio Cruz anunció apelación, la cual debe ser sustentada en diez días hábiles, y debe ser resuelta por el Segundo Tribunal, que puede alargar mucho más el proceso.
La decisión del juez Mejía se fundamentó en la auditoría que realizó la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, que determinó que Sánchez mantenía bienes que sobrepasaban sus ingresos económicos, en su condición de servidora pública.
La auditoría abarcó los cinco años, en que esta ejerció como secretaria administrativa de la Presidencia de la República, entre septiembre de 1999 y agosto de 2005, durante la administración presidencial de Mireya Moscoso.
Corte declaró legal auditoría.
Este fallo se da luego de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró legales las resoluciones emitidas por la DRP de la Contraloría, en donde se determinó la existencia de un enriquecimiento ilícito por la suma de 215 mil 390 dólares.
Esta decisión de la Sala Tercera era clave en la sentencia del Juzgado Tercero Penal, por lo que para dictar este fallo condenatorio se suspendió por más de un año el proceso.
Al declarar legales las resoluciones 105-2006 y su acto modificatorio 138-2006, también se negaron las pretensiones del demandante.
La primera resolución emitida el 3 de marzo de 2006 estableció que el enriquecimiento ilícito fue por 220 mil 390 dólares, la cual se modificó tras un recurso de reconsideración el 29 de marzo de 2006, que rebajó el monto a 215 mil 390 dólares.
Una de las pretensiones que justificó el demandante para la nulidad de la auditoría era que se violó el debido proceso, porque se inició sin prueba sumaria.
Ante esto, la Sala Tercera bajo la ponencia del magistrado Alejandro Moncada Luna determinó que la prueba sumaria que utilizó la exprocuradora general de la Nación Ana Matilde Gómez para remitir el caso a la Contraloría, fue la copia autenticada de la investigación penal contra exempleados de Sánchez por el delito de hurto con abuso de confianza.
Y es que este caso, conocido como “los durodólares”, contra Dalvis Xiomara Sánchez surgió tras una denuncia que presentó por hurto contra sus exempleados por supuestamente sustraerle 35 mil dólares del congelador, y esto puso en duda la procedencia de altas sumas de dinero que escondía en su casa.
Otros datossobre el caso
9- años y 9 meses después condenan a Dalvis Xiomara Sánchez.
- años de prisión fue la sentencia condenatoria que dictó el juez tercero penal.
- mil 390 dólares fue lo que determinó la DRP que no justificó Sánchez.
