El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) planteó ayer reformar el Código Laboral para eliminar el sistema que crea una pirámide de recargo para el cálculo y pago de horas extras, el día domingo y de descanso legal, días de fiestas y duelo nacional, y su sustitución por uno solo que remunere todo trabajo en exceso de los límites legales.
La propuesta del CoNEP está incluida en el documento denominado "Propuesta del Sector Privado para una Estrategia Nacional de Desarrollo" que fue presentado ayer al candidato oficialista Martín Torrijos y a representantes de las nóminas de Mireya Moscoso y Alberto Vallarino.
El documento señala que se debe reformar la legislación laboral desarrollando un nuevo concepto sobre la dinámica de recursos humanos y económicos.
Establece solucionar mediante el arbitraje los conflictos laborales que pudiesen surgir por la operación de actividades complementarias a las del Canal, creando una institución de arbitraje independiente que merezca la confianza de todos los organismos del Estado y de los interlocutores involucrados.
La estrategia pide cumplir con el informe 310 del Comité de Libertad Sindical aprobado por la Organización Internacional de Trabajo, principalmente sobre el derecho de las empresas a tener acceso a sus equipos y medios de información durante el período de huelga.
Indica que la legislación actual lesiona el derecho de los trabajadores de tener acceso al trabajo en casos de huelga cuando ellos, libremente, decidan laborar.
Según la presidenta del CONEP, Nivia Rossana Castrellón, deben existir "reglas claras del juego" y que el Estado se defina sobre el fallo del Comité de Libertad Sindical ante el cierre obligatorio de las empresas en casos de huelgas.
Afirmó que estos cambios ayudarán al país a ser competitivo y no perder la oportunidad "dorada" cuando viene la inversión extranjera.
"Si los inversionistas vienen y no ven normas que encuentran en otros Códigos Laborales simplemente se desecha a Panamá, y esta no es la idea", acotó Castrellón.
A su vez, el CoNEP solicitó una modificación integral a la Constitución Nacional a través de una Constituyente conformada por 14 representantes nacionales y 46 provinciales.
La Estrategia Nacional de Desarrollo del Sector Privado establece que esta Constituyente no podría cambiar ni alterar el período de los ciudadanos electos en las elecciones de mayo de 1999, ni modificar tampoco los períodos de funcionarios nombrados y ratificados por Organos del Estado, pero éstos tendrán que acatar normas específicas que sean establecidas en la nueva Constitución.
Estas reformas adicionarían un ordinal al artículo 308 de la Constitución actual utilizando la fórmula de dos actos legislativos, uno durante el período entre el 2 de mayo y el 30 de junio de 1999 y el otro durante el primer período del Organo Legislativo, que tomará posesión el 1 de septiembre de 1999.
El análisis efectuado por el CoNEP indica que el sistema judicial panameño deja mucho que desear por la mora judicial y que los fallos debatibles y la falta de criterios consistentes al aplicar la ley, pueden crear serias limitaciones a la competitividad panameña.
Sostiene que el sistema penitenciario panameño falla en la rehabilitación del detenido y que el hacinamiento en las cárceles es significativo, al tiempo que destaca que la asignación del 2% del presupuesto anual no es suficiente para superar estos problemas.
En materia económica proponen la creación de un "cluster" en todo el territorio nacional, basado en un sistema multimodal de comunicación y transporte, que competitivamente será único en la región.
Esto se lograría a través de la creación de un epicentro que dará sentido a la articulación de actividades y desarrollaría un sistema multimodal de transporte que integraría al Canal, puertos, ferrocarril, oleoductos, aeropuertos y telecomunicaciones.
El organismo empresarial destaca que las principales oportunidades que deben ser aprovechadas por el Gobierno es la reversión del Canal y bienes conexos, convertirse en sede permanente del ALCA y consolidar la apertura económica.