Esta problemática surge a raíz de la aparición de asentamientos humanos en áreas donde ni siquiera antes había llegado el fluido eléctrico ni el suministro de agua potable.
En la actualidad, la utilización engañosa de los servicios públicos se registra de manera alarmante en las ciudades en las que los clientes evaden intencionalmente el registro legal de agua y luz.
Informaciones suministradas por la empresa Electra NORESTE y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), revelan lo vulnerables que son ante el uso indebido de los servicios públicos por parte de los usuarios.
El Proyecto de Legalización Masiva iniciado por la empresa de distribución de energía eléctrica en el año 2000 ha dado sus frutos, porque en los últimos cinco años ha captado más de 70 mil clientes que obtenían el servicio de manera ilegal, poniendo en riesgo su vida y afectando la calidad del servicio.
Los técnicos de esta compañía manifiestan que gracias a las ferias de promoción se ha creado conciencia sobre la importancia que los usuarios legalicen su consumo de energía y prevengan peligros eléctricos, de los que el 80% son causados por conexiones improvisadas.
En cuanto a las reglamentaciones, la empresa de distribución eléctrica tiene estipulado en su artículo 144 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, las penalizaciones que pueden ser aplicadas a los clientes que infrinjan las normas de la compañía.
Por tanto, cuando un funcionario descubra y compruebe que un cliente ha estado adquiriendo energía de forma fraudulenta, la entidad cobrará una estimación de la facturación por el periodo comprobado.
Con antelación el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), ha impuesto sanciones de B/. 5,000 a comercios y B/. 1,000 a personas naturales por cometer fraude eléctrico en perjuicio de la distribuidora.
La ley además establece que la multa monetaria no exime al usuario de la obligación de pagar el valor de la electricidad consumida fraudulentamente.
En lo que atañe al IDAAN, José Vega, asesor ejecutivo de la institución, señaló, que ninguna persona ajena a la empresa puede manipular, forzar, reparar ni adicionar piezas a tuberías, medidores válvulas e hidrantes.
Vega enfatizó que el único ente que tiene la autorización es el Cuerpo de Bomberos de Panamá, ya que cumplen con un fin social dentro de la sociedad.
El asesor ejecutivo agrega que estas prohibiciones y disposiciones están contenidas en la ley orgánica del IDAAN en el artículo 54 del 28 de diciembre de 2001.
Debido a ello, toda persona que sea sorprendida en esta mala practica será sancionada con multas que comprenden de B/. 50.00 hasta los B/. 5,000, según las normas acordadas por el ERSP.
Por esto, tanto la empresa Electra NORESTE como el IDAAN, han intensificado sus acciones en contra del hurto de agua y luz, debido a que esta practica desmejora la calidad del servicio.
Funcionarios del IDAAN muchas veces detectan las conexiones ilegales por la denuncia de la ciudadanía, por la aparición de fugas en la superficie y por los operativos que se realizan en las diferentes áreas del país.
Las conexiones ilegales afectan económicamente a la empresa por las pérdidas que esto genera.
El IDAAN al igual que Elektra Noreste cuentan con facilidades de pago para los usuarios de recursos limitados, con la finalidad de que formalicen sus conexiones con la institución.
