El Juzgado Segundo Penal confirmó una sentencia de 36 meses de prisión por el delito de peculado para el ex gerente general y el ex gerente de Finanzas de los Casinos Nacionales, José María Redondo y Antonio Villarreal Solís.
La jueza María Lourdes Estrada de Villar rechazó un recurso de revisión presentado por la defensa de ambos ex funcionarios y dispuso mantener la sanción inicial. Además, aplicó una multa de B/.1,500 para ambos, así como la cautelación de todos sus bienes.
De acuerdo con la jueza Estrada, dentro de las sumarias se presentaron una serie de pruebas testimoniales de funcionarios de los Casinos Nacionales, quienes aseguraron que se les giraban cheques a su nombre para luego hacerlos efectivos y entregar los fondos a ambos funcionarios.
También señaló que el primer informe levantado por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) señalaba la existencia de un claro desgreño en el manejo de las finanzas de los Casinos Nacionales por parte de ambos funcionarios.
No obstante, posteriormente la DRP exoneró de toda responsabilidad a ambos ex funcionarios y levantó las medidas cautelares contra sus bienes. Los ex funcionarios mantenían lujosas residencias en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.
En su decisión la jueza también decidió la cautelación de todos los bienes de ambos ex funcionarios hasta establecer si éstos fueron obtenidos con fondos logrados de las actividades irregulares realizadas dentro de los Casinos Nacionales.
Las investigaciones contra ambos ex funcionarios se iniciaron en el año de 1990, luego que se detectaran una serie de irregularidades en el manejo de los fondos de los Casinos Nacionales y se verificara la existencia de enriquecimiento de algunos de sus directivos.
Sobre el particular, se plasma en la Gaceta Oficial que el propio Jované en los argumentos de descargos admite que el 9 % de los proyectos de resoluciones presentados a la Junta Directiva contenían errores y que este porcentaje es significativo.
A Jované también se le cuestionó que por falta de mantenimiento, la CSS tuvo que contratar servicios externos de un equipo de "litotripcia" por un período de quince meses; también se argumenta compras con sobreprecios, actos de corrupción, desconocimiento de los montos contratados en servicios a clínicas privadas, contrataciones sin órdenes de compra, falta de registros clínicos confiables de los pacientes, irregularidades en los registros contables, pagos dobles por el mismo examen al mismo paciente en fecha muy cercanas, sin ningún tipo de justificación.
Temas como el manejo de las acciones de la CSS en la Cervecería Nacional, la compra de oxígeno médico, el de los depósitos de los plazos fijos, los déficit financieros y el incremento del personal contratado por la administración Jované, figuran en la sustentación del profesor Juan Jované.
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