Consorcio demanda al Estado en el extranjero

TRAS 19 meses de espera por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el consorcio francés Ferdinand de Lesseps decidió presentar una demanda internacional contra el Estado panameño por daños y perjuicios, debido al incumplimiento de un arbitraje internacional que obliga a la Nación al pago de B/.32 millones por eliminarle una concesión para la construcción de la terminal de transporte en Colón.
El abogado Gabriel Martínez, representante legal del consorcio francés, estableció que la demanda será presentada directamente contra el Órgano Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Todavía no se ha definido si la acción tendrá como escenario el tribunal internacional de La Haya, o un juzgado de la ciudad de Nueva York.
En Panamá se encuentra uno de los abogados estadounidenses que labora en la firma que representará al consorcio de Lesseps en este litigio internacional.
Tras el fallo que condenó a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) al pago de los B/.32 millones, la Procuraduría de la Administración presentó un recurso de nulidad contra dicho laudo arbitral ante la Sala Cuarta de Negocios de la Corte.
Sin embargo, transcurridos 19 meses de la presentación del recurso, aún la Sala no ha decidido nada, a pesar de la presentación de varios impulsos procesales.
Martínez precisó que la demanda sería trasladada a todos los países con los cuales Panamá tiene firmados contratos de protección de las inversiones, como Estados Unidos, España, Alemania, Inglaterra y Corea.
"Resultan inadmisibles las actuaciones de los magistrados de la Corte Suprema, que se colocan por encima de la Ley , de la Constitución y de los tratados internacionales, lo cual representa un peligro para la seguridad jurídica en el país, sobre todo, para aquellas empresas que tienen contratos de concesión con el Estado, las empresas que participarán en la ampliación del Canal y cualesquiera contratistas", aseguró el representante legal del consorcio europeo.
Agregó que en la recién aprobada Ley de Contratación Pública se incluyó un artículo que señala que "en ningún caso el Estado será condenado al pago del daño emergente y lucro cesante", o sea daños y perjuicios; "pareciera que el Estado se prepara para no responder por los resultados de sus acciones arbitrarias", dijo.