Como una propuesta de referencia, podría resultar la experiencia del actual defensor del pueblo de la República de Colombia, Volmar Pérez, quien participó como asesor del "Movimiento de la Séptima Papeleta", la que tendría la función de convocar a una Asamblea Constituyente en 1991 en su país.
Pérez, un incansable defensor de los derechos humanos, quien estuvo en nuestra ciudad, explicó a El Panamá América, desde su perspectiva, la forma como se llevó a cabo el trabajo de las reformas constitucionales, sus procesos, transformación, garantías, perspectivas, entre otros aspectos.
"La Constituyente religitimó el régimen político, en virtud que muchos sectores contestatarios consideraban que la Constitución de 1886 tenía un espíritu cerrado, y que no había espacio suficiente dentro del marco de esa Constitución, para expresarse políticamente y encontrar por esa vía el camino de solución a los problemas nacionales", expresó.
Para el defensor colombiano, la Constitución de 1991 fue más abierta, pues hubo mayores espacios para la manifestación política. Poe ello, es más democrática y respetuosa de los derechos de las minorías en sus diversas manifestaciones que consagra una carta de derechos fundamentales, que a la vez son extraídos de los distintos tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito el Estado colombiano.
Con la votación de la séptima papeleta, el gobierno del presidente César Gaviria interpretó que había un mandato popular de parte del constituyente primario, que hacía necesario poner en marcha un proceso, aunque había una disyuntiva, que permitiera la convocatoria de un proceso constituyente.
Por lo que convocó a las diferentes fuerzas y partidos políticos, que tenían asiento en el Congreso Nacional, para concertar el mecanismo que hiciera posible la convocatoria de esa constituyente, agregó.
Ello significó cómo sería el procedimiento, la dinámica y la posibilidad de la representación de las distintas expresiones de la sociedad civil, de las minorías políticas, minorías religiosas, étnicas, y de las propias comunidades y pueblos indígenas.
"El debate nacional giró en torno a que si el Presidente estaba realmente facultado, para acudir a un decreto de Estado de sitio y poder propiciar la reunión de un cuerpo constituyente", explicó el defensor del pueblo.
Este proceso contó con el apoyo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que avaló el decreto para poner en marcha este proceso.
También hubo voces que se levantaron en contra de esta dinámica de proceso constituyente, frente a una primera experiencia desde 1886, para elaborar un mecanismo reformatorio de la Constitución con esos alcances, dado que las reformas de la Constitución siempre se había hecho por el Congreso Nacional.
Volmar Pérez subrayó que el proceso de reuniones y deliberaciones duró seis meses con todos los estamentos de la sociedad colombiana, de la que nació el estatuto denominado "Constitución de 1991".
Admitió que los temas escogidos estuvieron a consideración de los encargados de las reformas, ya que tenían plena autonomía. De éstos nació la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura como encargado de la administración de la rama judicial, además de todo lo que ha significado el conjunto de la Constitución de 1991.
Todos están basados en la Adopción de la Carta de Derechos, que es una de las más avanzadas en materia doctrinaria en el mundo; de mecanismos de control constitucional como es la Acción de Tutela o "Justicia de los Pobres", las acciones de grupos, populares y de cumplimiento.
Algunos sectores llamaron a la Constitución, como "un Tratado de Paz", ya que fue inspirado por sectores que venían de la insurgencia, que estaban en trance de reincorporación de la vida civil e institucional como lo fue el Movimiento 19 de abril (M-19) y del Ejército Popular de Liberación, y algunos de los voceros de estas agrupaciones tuvieron participación en esta constituyente.
El ombudsman colombiano expresó que él como defensor del pueblo, frente al tema de una Constituyente en Panamá "debe ser respetuoso de los mecanismos que adopte el pueblo panameño, para la definición de su futuro".
Este proceso creó instituciones y organismos que, a su juicio, están cumpliendo con una misión importante en el nuevo marco constitucional del país y en la Colombia del siglo XXI.
Dijo que lamentablemente no ha podido ser reglamentada del todo y espera que continúe este proceso por la extensión que conlleva la misma. Reiteró que "Panamá debe tomar la ruta de su propio destino".
