Las comisiones que cobraron los cónsules -fuera de sus salarios mensuales y los gastos de representación- aumentaron casi un 50% durante el último año, al alcanzar los B/. 3.3 millones, según datos de la Dirección de Marina Mercante.
Los más beneficiados con esta prerrogativa fueron los cónsules de El Pireo, Londres, Kobe, Miami, Manila y Tokyo, cuyos representantes tienen vínculos familiares, políticos y comerciales con el presidente Martín Torrijos y con su esposa, Vivian Fernández de Torrijos.
En el mejor de los casos, los cónsules recibieron honorarios que superaron -en varias ocasiones- la suma de B/ 20 mil al mes, un salario superior al del propio presidente Torrijos, ministros y diputados.
Según el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, el salario base de un cónsul es de mil 500 dólares y algunos reciben 3 mil dólares adicionales en gastos de representación.
"Estos son incentivos por su trabajo y hay que comprender que en estos países el costo de la vida es muy elevado", aseguró Fernando Solórzano, director de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Ingresos.
En el 2007, los 65 consulados de la marina mercante reportaron una recaudación bruta de 74 millones de dólares. De ese monto, 3.3 millones de dólares fueron para el pago de honorarios consulares.
En el 2006 se pagaron 2.6 millones de dólares.
Doble cargo.
Además de ser cónsules, varios de estos funcionarios también son embajadores, por lo que reciben un salario complementario.
Tal es el caso de Alfredo Martiz Fuentes, quien es cónsul en Tokyo y a la vez, embajador de Panamá en Japón. Por este último cargo recibe un salario de 10 mil dólares mensuales.
Lo mismo ocurre con el cónsul de El Pireo y embajador en Grecia, Antonio Fotis Taquis Ochoa.
Auditorías.
En 1990, el ex director de la otrora Consular y Naves, Guillermo Márquez Amado, presentó una propuesta para realizar auditorías sorpresas en los consulados a través de empresas de prestigio.
La misma no prosperó so pretexto de que eso era función de la Contraloría.
La AMP, según Solórzano, realiza auditorías eficientes a los consulados y revisa los informes de los ingresos que envían cada mes los cónsules para evitar irregularidades.
Márquez Amado considera que esto no es suficiente -al menos no lo fue antes del año de 1990, porque los cónsules enviaban "lo que querían" y los funcionarios de la Contraloría "no se daban cuenta del ladrón que les desvalijaba la casa".
