Víctor Jordán, docente universitario y coordinador de la Comisión Científica del Centro Regional Universitario de Veraguas, comentó que luego del análisis del proyecto de ley, se concluyó que aún existen muchos puntos que se deben mejorar antes de dar la última palabra.
Como uno de los puntos, mencionó la administrativa, el cual debe estar en manos de un patronato, cuyo actuar sea ajeno o con la menor injerencia posible de aspectos políticos, ya que tiene en sus manos un gran recurso que debe ser manejado de la forma más transparente posible.
Jordán comentó que en los círculos de gobierno y en otras esferas se está hablando de un proyecto de ley consensuado, sin embargo, el sentir de los veragüenses es que este consenso se ha hecho tal vez con algunos sectores en la ciudad de Panamá pero no con los pobladores de esta provincia.
De la forma en que está planteado el proyecto, la coordinadora opina que sigue siendo un riesgo para los intereses conservacionistas de la isla, ya que si no se da una verdadera transparencia al manejo de este recurso se pone en peligro el futuro del parque.
Para el estudioso es mejor que este proyecto sea detenido en el presente periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa, a fin de que se haga una consulta más amplia entre todos los interesados en el tema para, al final, obtener una ley más completa, con la cual todos se sientan satisfechos.
Los municipios del área están pidiendo mayor participación, sin embargo, esta petición no ha sido atendida de la mejor forma por parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea.
Aún los veragüenses tienen grandes interrogantes que no han sido atendidas, y les inquieta porque en el pasado han sido víctimas de los grandes intereses económicos, y al final han quedado con enormes problemas tal como sucedió en Minas Santa Rosa de Cañazas. Consultado al respecto, el legislador de Veraguas y proponente del proyecto de ley que fue vetado por la presidenta Mireya Moscoso, Freidy Torres, dijo estar de acuerdo con lo planteado por las organizaciones, al tiempo que reveló que existen grandes presiones a nivel de la Asamblea para alterar el orden del día y aprobar este proyecto.
Explicó que tanto la bancada oficialista del parlamento como algunos ministros se encuentran en este momento ejerciendo una gran presión, ya que pretenden que el proyecto se discuta y aprueba tal como pasó en primer debate, lo cual es muy riesgoso, para Coiba, su entorno y el país.
Torres expresó que el proyecto tal como está planteado, si bien es cierto mejoró, aún tiene una gran cantidad de lagunas que deben ser disueltas y no será en tres días el tiempo en que se pueda debatir efectivamente el tema.
Mencionó que este es el tiempo que falta para que culmine el periodo de sesiones, y en este tiempo es imposible un análisis profundo del tema y por ende se aprobarán cosas que no van a ser analizadas y sustentadas de manera seria.
Pese a todo esto la maquinaria del gobierno continúa presionando para lograr su objetivo, y prueba de ello es que en la Asamblea se encuentra el viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, con claras instrucciones de subir el proyecto para que sea discutido.
Finalmente, Torres se unió al pedido hecho por las organizaciones de veragüenses en el sentido de que es más conveniente dejar el proyecto para el próximo periodo, y que se permita una mayor participación de los municipios y se consulte más sobre el tema para lograr consensos verdaderos.
Sin embargo, según el jurista a los 14 años, un año antes que culmine la concesión, ese 51% de acciones volverá a ser objeto de otra subasta en la cual si la empresa actual ofrece la mayor cantidad mantiene su concesión en el mercado de lo contrario, se le devuelve la suma de la compra de las acciones y se hace un contrato con la nueva empresa por un período de 15 años.
De manera que el sector de las empresas de distribución eléctrica entra en otra categoría de empresa privada al vendérseles el 51% de las acciones mediante una concesión dada por el ERSP, sostuvo Sosa. En este caso consideró que el ERSP debe actuar y no permitir que estas empresas tengan un mayor ingreso neto que una empresa en competencia.
Aseguró que, bajo este régimen, las tarifas pueden ser cambiadas acorde al interés social mediante el ERSP con parámetros fijos y claros y sin que afecte la seguridad jurídica. Por su parte, abogados representantes de algunas de las empresas presentaron sus puntos de vista sobre los contratos ley firmados con el Estado.
Simón Tejeira, de la firma Morgan&Morgan, representante legal de la empresa Panama Ports, manifestó que la seguridad jurídica de los contratos radica en que los contratos son ley entre las partes y algunas disposiciones protegen esta concepción.
A juicio del jurista, los contratos leyes responden a que, en un momento determinado, la Asamblea Legislativa no quería desprenderse de la facultad de representar al Estado en aquellos casos donde era parte de un contrato, pero no por razones de seguridad jurídica sino por la necesidad de un Ente.
Incluso, explicó que, en todos los casos, esos contratos contienen disposiciones que pasan por encima de las leyes vigentes.
"Entonces, por eso se utiliza el mecanismo de la ley y no un acuerdo contractual, porque una ley no puede ser revocada, modificada o alterada", señaló Tejeira.
Adicionalmente el contrato no se celebra con la Asamblea Legislativa sino con la institución o ministerio regente del tema en cuestión.
En tanto, Javier Marrero, director administrativo, financiero y comercial de la empresa de generación eléctrica Bahía Las Minas, sostuvo que desde que se creó la Ley 6 que rige al sector eléctrico se establecieron las reglas y el inversionista, en base a esas reglas del juego, la empresa tomó la decisión de invertir en el país.
Marrero manifestó que uno de los dilemas que produce cierta inseguridad jurídica en las empresas es que el ERSP emite resoluciones a un ritmo promedio de 3 por día y ya suman miles. "Estas resoluciones hablan de absolutamente todo y en muchas ocasiones se contradicen unas a otras, creando fluctuaciones en el marco regulatorio", advirtió el director.
Las inversiones en el sector eléctrico al concretarse las privatizaciones sumaron los 600 millones de dólares.
Marrero aseguró que éstas se hicieron en base a un marco que está en permanente fluctuación.
El director administrativo de Bahía Las Minas subrayó que ellos son los primeros en exigir que las normas que se establecieron se cumplan, pero no que se cambien.
También participaron en el foro los abogados Juan Ramón Vallarino padre y Juan Ramón Vallarino Jr. que subrayaron que los contratos leyes empezaron en 1916 y se han presentado a lo largo de la república.
El Foro fue presidido por el licenciado Carlos A. Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y en la mesa de honor estuvieron presentes el director y subdirector del diario El Panamá América, Octavio Amat y Mario Castro Arenas, respectivamente.
