La posibilidad de que la prestación de un servicio de comunicación quede en manos de otro Estado, originando un problema de tipo jurídico, plantearon organizaciones de protección al consumidor si se concreta el ofrecimiento de la empresa Telefónica de España de adquirir acciones de la compañía Bellsouth en Panamá.
Geovany Fletcher, director del Instituto Panameño del Consumidor y Usuarios (IPADECU), y Pedro Acosta, en representación de la Unión Nacional Consumidores y Usuarios de Panamá (UNCUREPA), señalaron que aún no está claro si el gobierno español tiene o no acciones en la Telefónica de España.
Según Acosta, los organismos de consumidores y usuarios del país ven con "mucho recelo" esta posible transacción, porque de acuerdo con informaciones que han recopilado, Telefónica de España no parece tener buenas referencias.
Acosta recordó que cuando se realizó en Panamá la Cuarta Conferencia Regional de Consumidores de América Latina, la queja "era global" contra la empresa que está presente en varios países del área.
Esto plantea la posibilidad de que entre al mercado panameño una empresa que ha sido altamente cuestionada en otros países.
Según Acosta, existe la posibilidad de que esta empresa haya intentado sin éxito participar en la licitación del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) debido a que el gobierno español tenía acciones.
Por su parte, Fletcher sostuvo que de tener el gobierno español acciones en la Telefónica, plantea un conflicto de carácter jurídico, pues Bellsouth Panamá estaría traspasando acciones a una empresa en la que otro Estado es parte.
Ya la empresa que explota la telefonía celular en Panamá anunció su disposición de vender sus acciones a la empresa española.
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