Los trabajadores de la Autoridad de la Región Interoceánica aún pueden quedar cesantes, pues sus contratos no serán prorrogados, sino que a partir del 1 de septiembre la Junta Directiva de la ARI, junto al nuevo gobierno, debe analizar su recontratación.
El contralor Alvin Weeden manifestó que se tergiversaron los resultados de la reunión del miércoles con los funcionarios que se mantenían en paro y aclaró que su posición no ha variado en que esos contratos perderán vigencia el 31 de agosto. Sin embargo, manifestó que el 1 de septiembre se deben firmar nuevos contratos.
"Se me atribuyeron informaciones que son inexactas, de que los contratos refrendados se extendían hasta el 31 de diciembre, lo que aclaré es que los contratos quedan suspendidos y el 1 de septiembre deben hacerse los nuevos contratos, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre", dijo.
En Gaceta Oficial de ayer se publicó el contrato que el Aeropuerto de Tocumen S.A. firmó con el arquitecto David Samudio apoderado de la sociedad anónima denominada Constructora Panameña de Aeropuertos.
De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido en el contrato la obra debe entregarse el 27 de enero de 2006.
El contrato estipula que la empresa debe construir la ampliación de tres niveles del edificio principal, en un área local de 24 mil metros cuadrados.
Asímismo se creará el edificio de mantenimiento, almacenes y la ampliación de los corredores de conexión.
El aeropuerto tendrá 21 nuevos puentes de embarque transparentes, que reemplazarán a los 14 existentes, que se utilizan desde 1978.
La constructora debe tener en un plazo de 540 días calendarios para concluir con toda la ampliación.
Con el financiamiento de la banca privada invertirá la suma de 70 millones de dólares de los cuáles 21 millones, corresponden al proyecto de ampliación.
Según el contrato Tocumen S.A. debe pagar las obras conforme al cumplimiento de las etapas de acuerdo con la propuesta presentada por la constructora, según los porcentajes establecidos.
Si vencido el plazo y el contratista no hace entrega de la obra, se le aplicará una multa por incumplimiento de contrato a razón de 1% de costo de los trabajos, dividido entre treinta por cada día de retraso.
Aún así la empresa tiene derecho de solicitar prórroga siempre y cuando el retraso sea por causa no imputable al contratista.
