El contralor de la República, Alvin Weeden, justificó ayer la compra de los automóviles Cadillac por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, y reiteró que la Contraloría tiene que refrendar la adquisición de éstos.
Advirtió que la última palabra sobre el destino de los Cadillac, luego que pase la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, la tiene la presidenta de la República, Mireya Moscoso.
Weeden negó que se planee entregar los Cadillac a los ministros y viceministros, tal como han señalado algunos funcionarios, porque éstos podrían ser utilizados para otros eventos similares.
"No existe ninguna disposición de la Contraloría que exceptúe a la Cancillería del refrendo y aprovecho la ocasión para decirle al vicecanciller que remita estos documentos a la institución", enfatizó Weeden.
Señaló que la compra de los automóviles era necesaria, porque los presidentes merecen, debido a su investidura, un trato de primera.
"Como país huésped, tenemos la responsabilidad de la seguridad y del trato adecuado que deben recibir los presidentes", sentenció Weeden.
De acuerdo con el fiscal de las finanzas públicas, como todo en la vida, hay algunos mandatarios que tienen más niveles de riesgos que otros, porque no se puede comparar al presidente Fidel Castro con otro mandatario.
"Esto se mide en función de los niveles de riesgos, porque usted no puede comparar al presidente Alberto Fujimori con cualquiera de los otros mandatarios en los momentos actuales", acotó Weeden.
A juicio del contralor, a última hora la Cancillería tuvo que ordenar la compra o alquiler de los vehículos porque no se tenía la certeza de la asistencia de los mandatarios, a pesar de ser una cumbre programada desde el año pasado.
"Existen funcionarios que tienen necesidad de vehículos nuevos, incluyéndome porque tengo un vehículo que data desde hace ocho años", precisó el contralor.
El contralor contradice las declaraciones efectuadas recientemente por el primer vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, quien manifestó que el Consejo de Gabinete exceptuó del proceso de licitación los actos relacionados con la X Cumbre Iberoamericana.
Explicó que existe una cantidad bastante elevada de dinero que paga el Gobierno en concepto de alquiler de automóviles, que fue la tónica de la pasada administración y se ha tenido que continuar.
Señaló que ante esta situación el Gobierno decidió comprar una cantidad de automóviles para la X Cumbre Iberoamericana, de tal manera que luego sean utilizados para servicio del Estado.
