Contralor ordena el cierre de la empresa PECC

El contralor de la República, Alvin Weeden, confirmó ayer que ordenó el cese de operaciones de la empresa Ports Engineering and Consultans Corp. (PECC) y la liquidación de sus empleados, algunos de los cuales pasaron a formar parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Weeden precisó que el cese de las operaciones de PECC se ordenó porque el Estado no podía mantener su funcionamiento por las erogaciones y gastos que debían ser resueltos por parte del administrador judicial.
El contralor ordenó hace unos meses la intervención de PECC, luego de denunciar que la concesión del mantenimiento de faros y boyas se otorgó de manera irregular y que esta empresa cobró cerca de B/.6 millones al Estado por servicios que nunca prestó.
Según Weeden, se ordenó la liquidación de todos los empleados de PECC, a quienes se le cancelaron sus prestaciones.
Precisó que la AMP está prestando el servicio de mantenimiento de las boyas y señalizaciones para asistir a los barcos que utilizan los puertos locales.
Precisó que luego de un trabajo detallado de verificación se logró establecer la ausencia de un servicio confiable por parte de PECC y que ahora con la AMP existe una buena asistencia para las embarcaciones.
Por otra parte, Carlos Carrillo, representante legal de PECC, confirmó el cierre de la empresa, situación que calificó como "totalmente irregular".
Carrillo había presentado una petición para levantar la suspensión del contrato suscrito entre PECC y el Estado para el mantenimiento de las señalizaciones y boyas que sirven para asistir a las embarcaciones.
Esta petición se fundamentó en que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) se encontraba utilizando los equipos y personal de PECC para prestar estos servicios.
En esta investigación, la Contraloría de la República presentó una denuncia contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito y luego ordenó la cautelación de sus bienes hasta por B/.6 millones por la presunta recepción de un cheque de fondos provenientes de la repartición de dividendos de PECC.
El contralor mantiene, además, una investigación contra los ex administradores de la AMP, Hugo Torrijos y Rubén Reyna, por su presunta participación económica en PECC.
Pérez Balladares interpuso sendos recursos ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que la DRP le mantuviera cautelados sus bienes, los cuales fueron fallados a su favor.
El ex mandatario y Weeden han sostenido una agria disputa pública, que los ha llevado a llamarse mutuamente con el calificativo de "ladrones".