La adjudicación de la licitación para suplir combustible a los vehículos del Estado a Petróleos Delta, propiedad de la familia del contralor, Federico Humbert, viola lo establecido en la ley orgánica que rige esta institución encargada de la gestión fiscalizadora.
Esto, a juicio del abogado Aldo Anel Moreno, quien cita lo expresado en el artículo 79 de la Ley 32 de 1984.
El referido artículo es contundente: “Ningún servidor público de la Contraloría General podrá defender o patrocinar intereses económicos propios o de un familiar comprendido dentro del primer grado de afinidad o segundo de consanguinidad”.
Según el jurista, “la prohibición es taxativa para evitar que el contralor o funcionario de la Contraloría beneficien actos para ellos o para familiares”.
No obstante, la empresa ligada a la familia del contralor resultó beneficiada por una concesión con un precio de referencia de 70 millones de dólares, lo que le garantiza el suministro del 75% de los 36 millones de galones de combustibles que la flota vehicular del Estado consumirá en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2017.
“Aunque antes de ser contralor era empresario, ahora como autoridades no pueden tener esas actitudes, porque riñen con conflicto de intereses”, valoró Moreno, quien reiteró que es una clara violación a la prohibición establecida en el artículo 79 de la ley de la Contraloría.
“Lo que causa más indignación es que este gobierno criticó acciones irregulares del pasado, que ahora pone en práctica. Y como no pueden hacer más de cuatro cosas, se valen del tráfico de influencias para hacer estos negociados”, denunció el constitucionalista Miguel Antonio Bernal.
Por su parte, el veterano analista político y miembro del PRD Mario Rognoni coincide en que esta licitación se presta -al menos- “para pensar en conflicto de interés”.
Agrega que “es harto conocido que la familia Humbert es la principal accionista de Petróleos Delta”, lo que activa el debate de la posible comisión de un delito por parte del actual contralor, o al menos la confirmación de una falta ética.
Pero incluso con este panorama, Rognoni no ve problemas en que la familia Humbert participe en este tipo de licitaciones.
“Que participen y, si ganan, que lo hagan con justicia y con el mejor precio... eso es lo que hay que averiguar”, resume el analista.
Esta semana, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, salió en defensa del contralor.
Al ser cuestionado sobre la polémica licitación, Alemán expresó: “Eso fue antes de que el contralor Humbert asumiera el cargo”.
La licitación se dio el 23 de febrero de 2015, cuando Humbert llevaba dos meses y 12 días en el cargo.
MEF
- Reacción: Tras una primera publicación del diario ‘Crítica’, estableciendo los nexos entre el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y la firma Icaza, González-Ruíz & Alemán (IGRA), el MEF reaccionó con un comunicado explicando que las asesorías de esta firma son “desde hace casi 20 años”, y confirmó su contratación “durante el periodo 2015”.
