Según Weeden varios ministros y funcionarios de la pasada administración se beneficiaron del 3% que cobraba este organismo por administrar los dineros del Estado destinados a proyectos de inversión social.
Weeden denunció "con toda propiedad" que los "ministros que colaboraban con el PNUD en conseguirles los contratos", eran beneficiados con un auto "de paquete, Land Cruiser", facturado de los mismos dineros destinados para las obras sociales que se realizaban.
Señaló que de los fondos también se realizaban contrataciones de parientes cercanos a las autoridades del anterior Gobierno con salarios de 10 a 15 mil balboas mensuales.
"Este es el caso específico del hermano del ministro Juliao, en el MOP y del ingeniero Terán y de una cantidad de personas más... y esto se prestó para un negocio", denunció el contralor, quien está a 15 días de abandonar el cargo.
"He llegado a la conclusión además que el PNUD no hace nada en la administración de los fondos panameños, este sistema no es viable... Se está manejando en nuestro país un clientelismo político a través de este programa de las Naciones Unidas", manifestó.
Precisó también que en la construcción del Puente Centenario (segundo sobre el Canal), refrendó un cheque por B/. 2.7 millones a favor del PNUD, en una obra que tuvo un costo aproximado a los B/. 103 millones.
El contralor aseguró haber solicitado a Elizabeth Fong, exadministradora del PNUD en Panamá, todos los documentos sobre los desembolsos y a quiénes se les destinaba, pero que ésta no quiso cooperar.
En tanto, Víctor Cucalón, encargado del PNUD en Panamá, dijo estar en "shock" ante las declaraciones del contralor Weeden y aseguró que en los años que llevan de trabajar aquí han manejado los fondos con absoluta transparencia.
Aseguró que como organización tienen pruebas de haber trabajado por Panamá por muchos años, siempre buscando la manera de luchar contra la pobreza, el diálogo nacional y el derecho democrático, lo que es su mandato constitutivo.
El sistema de administración de los dineros por el PNUD se estableció desde 1990, por el desorden administrativo que existía en Panamá, donde se acordó el pago del 3% del valor total de la obra al organismo por administrarlo y este a su vez debía entregar 1.5 millón por vía de donaciones, además que esta era una contratación directa, sin pasar por el CENA ni por Contraloría.
