El contralor general de la República, Alvin Weeden, señaló que la Contraloría está pendiente de que el Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, modifique el decreto que autorizó la convocatoria a la licitación de los canales 8 y 10 de televisión que estaba programada para el pasado 28 de marzo.
Weeden explicó que la modificación debe estar dirigida a conciliar la ley de Contratación Pública con el Decreto Ejecutivo, que fue expedido durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares, el 13 de agosto de 1999, señaló.
Dijo que cuando la Contraloría tenga la modificación, especialmente en el artículo 90, que establece que no había necesidad de fijar un precio oficial, lo que contraviene la Ley de Contratación Pública, que tiene un jerarquía superior.
La licitación de las frecuencias de televisión 8 y 10 y sus repetidoras a la provincia de Colón, programada para finales de marzo, fue suspendida por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, ya que la Contraloría General, no aprobó los modelos de fianzas de propuestas y cumplimiento, ni fijo el precio oficial.
Weeden dijo que tan pronto se haga la modificación correspondiente, la Contraloría General de la República y el ministerio de Economía y Finanzas, establecerá el precio oficial, para comunicarlo al Ente Regulador de los Servicios Públicos, a fin de que se establezca la nueva fecha para la licitación en donde participarán, solamente las cuatro empresas precalificadas.
Las cuatro empresas autorizadas para competir por dichas frecuencias y participan en el proceso desde su inicio son Televisora Panamericana S.A., Corporación Medcom Panamá S.A., Televisora del Istmo, S.A, y Telecomunicaciones Nacionales.
Sobre el caso de Leandro Avila, dirigente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, el contralor general negó que el proceso disciplinario iniciado responda a una persecución política por parte del gobierno o de la Contraloría.
Aclaró que la Comisión Investigadora, que sigue el proceso contra Avila, sólo está dando cumplimiento a la facultad que le otorga el reglamento interno de la Contraloría, en función de que todo funcionario que viole lo establecido sea objeto de una sanción, porque "aquí nadie tiene corona".
Rechazó los cuestionamientos del legislador Héctor Alemán, del PRD, a quien calificó como el padrino político de Leandro Avila, porque precisamente con sus apreciaciones le está le está haciendo daño a la FENASEP.
El legislador Alemán, acusó al contralor Weeden de responder a los lineamientos de la presidenta de la república, a lo que el fiscal de los dineros públicos, respondió que "efectivamente está vinculado a la mandataria, tal cual lo ordena de la Constitución Nacional, que establece la armónica colaboración entre todos los Organos del Estado".
