Tras advertir que la Contraloría está eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivar del contrato suscrito entre el Tribunal Electoral (TE) y la empresa L-1 Identity Solutions, el jefe de las finanzas públicas, Carlos Vallarino, se vio obligado ayer a refrendar el polémico documento.
En una carta dirigida al magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, el contralor Vallarino volvió a discrepar del criterio utilizado por el organismo electoral para declarar "urgencia evidente" y contratar directamente el suministro de bienes y servicios para el nuevo Sistema de Identificación Ciudadana.
"El valor de la fianza se establece en un 10% para el cuarto componente del contrato que comprende la garantía de los equipos y no cubre el 100%", destaca la misiva.
Según Vallarino, el nuevo acto hubiera podido celebrarse sin ningún problema, ya que han transcurrido casi dos meses desde que por primera vez le enviaron el contrato solicitando el refrendo.
