El administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Irvin Halman, reconoció que Mayer Mizrachi cumplió con entregar las licencias para el software de la plataforma Criptext de comunicación privada segura y que su antecesor en el cargo, Eduardo Jaén, fue quien tomó la decisión de instalarla en la entidad y no en los estamentos de seguridad, como establecía el contrato.
Motivo que llevó a que en enero de 2015 presentará la denuncia, dado a que la auditoria interna realizada se detectó que no había evidencias de que esas entidades habían solicitado ese tipo de herramienta, ni comunicación que conste en la AIG de que se hubiese instalado las licencias en esas áreas.
Halman explicó que el objeto del contrato que se hizo con la AIG, suscrito el 1 de abril de 2014, se refiere a que las obligaciones del contratista era la creación e integración de red única privada para los estamentos de seguridad (Policía Nacional, Ministerio de Seguridad, Ministerio de la Presidencia y Mininsterio Público), adicionalmente de la creación de 100 usuarios.
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— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) enero 5, 2016"No se contrataba el software, sino las licencias del software, que iniciaban el 30 marzo 2014 y expiraban el 31 de diciembre de 2014", afirmó el administrador de la AIG en Telemetro.
Señaló que en su momento al exadministrador de la AIG le correspondió la aceptación de recibido del servicio de instalacion de las 100 licencias.
De hecho, la administración anterior produjo los informes finales de satisfacción, donde planteó la instalación de las licencias de la plataforma Criptext y que estaban completo funcionamiento.
Licencias que eran para que, a través de los dispositivos móviles de los funcionarios se pudiera hacer mensajeria encriptada segura entre personas que tuvieran esa aplicaicón, las que tendrían una clave que se cambiará cada mes.
Dado a que la AIG había dado un informe de aceptación de la plataforma, Halman dijo que no había cabida para usar la fianza de cumplimiento, toda vez que esta se llega a usar en los casos en que los proveedores incumplen.
Fianza que correspondía al 10% del valor del contrato; es decir 21 mil dólares de los 211 mil que se pagó por la implementación de esta herramienta teconológica.
Por otra parte, Halman aceptó que accedió a reunirse en septiembre del 2014 con Mizrachi, a quien no conocía ni sabía que era panameño al momento de que asumió el cargo el 17 de julio de ese año, tiempo en el que ya se adelantaba la auditoría interna. VEA TAMBIÉN: [Guerra: Caso Mizrachi busca el escarnio público y la revancha política]
Desde entonces mantuvo comunicación por correo electrónico con el joven empresario, pero no le informó de las investigaciones que se realizaban, como no lo ha hecho con ningún otro proveedor.
Incluso, el administrador de la AIG contó que tomaron tiempo para presentar la denuncia ante el Ministerio Público, porque estaban corroborando la informaicón de si la herramienta había sido implementada en los estamentos de seguridad.
El expediente de este caso cuenta con más cuatro mil hojas, hay cuatro implicados entre estos Jaén, Mizrachi y Eduardo Briseño, director que contrató la plataforma en la pasada adminitración.
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