Una demanda contra el ministro de Trabajo, Joaquín José Vallarino, por violación a las normas laborales y coaccionar a los trabajadores para que no participen en el paro de la construcción, podría interponer la Confederación de Unidad Sindical (CoNUSI).
Gabriel Castillo, secretario de la organización, acusó al titular de Trabajo de acudir personalmente a las distintas obras para realizar el conteo de los huelguistas, cuando no es una función exclusiva de la Dirección General de Trabajo.
"Es una actitud parcializada en abierta violación a la ley, ya que el ministro acudió personalmente a las obras a contar los trabajadores en paro. Lo que es una coacción con los trabajadores al presentarse de proyecto en proyecto", argumentó.
Sostuvo que la actitud del ministro demuestra su clara parcialidad hacia el sector empresarial, para que las empresas abran.
Explicó que la ley establece que cuando se decreta la huelga hay que esperar el conteo de todos los establecimientos para decidir si se abren o no los establecimientos, pero no es función del ministro.
Agregó que el decreto Ley No.34 establece que se debe realizar el recuento una vez iniciada la huelga; entonces se pondrá la fecha, el lugar y hora de iniciar la medida.
Según Castillo, los trabajadores han dado bastante para tratar de lograr un acuerdo y evitar un conflicto, pero la actitud poco importa de la Cámara Panameña de la Construcción, es la que mantiene en este momento la huelga. Sostuvo que la huelga es parte del sacrificio que los obreros aportan por mejorar sus condiciones de trabajo.
Negó que los medios acordaron el golpe anticipadamente con Pedro Carmona, lo que se dio, dijo, es que e presidente interino llamó a los medios de comunicación social, y en efecto los periodistas van donde está la noticia, cosa que no pudieron hacer cuando Chávez retoma el poder por la falta de seguridad, apuntó.
Actualmente, indicó, los periodistas salen a la calle sin identificación para no ser reconocidos, se hacen pasar por maestros o por cualquier otro profesional, menos comunicadores, porque se corre un riesgo.
Según explicó, al momento de darse las protestas a favor de Chávez, el recurso que emplearon muchos periodistas fue transmitir sus informaciones desde sus casas vía Internet.
Por otro lado, Luisa Chiossone, del Bloque de Prensa Venezolano, dijo que la situación de la libertad de prensa en Venezuela no ha cambiado, porque aún continúa la amenaza de la Sentencia 1013 dictada por Chávez y que establece la base ideológica y normativa para amordazar a la prensa, así como la Ley de Contenidos que se cree será aprobada en los próximos días.
Aseguró que el Gobierno debe respetar y ser tolerante ante las críticas y las informaciones, que en todo caso son para colaborar con el país. Sobre la inseguridad de los periodistas, Chiossone señaló que aún hay escepticismo para salir a recoger informaciones, por los ataques a los que pueden ser objetos los comunicadores sociales.
