La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró que no es ilegal el convenio de intercambio de prestación de servicios suscrito entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Municipio de Panamá, mediante el cual se incluye el requisito de paz y salvo de ambas instituciones en las transacciones de vehículos.
Dicho convenio permite a la ATTT cobrar a los contribuyentes de cualquier municipio las boletas de estacionómetros impuestas por el Municipio de Panamá, lo cual fue objeto de demanda tras argumentarse que violaba los artículos 1 y 9 de la Ley 106 de 1973, sobre el régimen municipal.
De acuerdo con el fallo de la Corte, "las entidades involucradas actuaron con apego a las facultades conferidas por las leyes que las regulan, al establecer un sistema de intercambio de información y de cooperación en el cobro de las multas por infracciones de tránsito".
Igualmente, determina que el objetivo del convenio impugnado era el de maximizar los recursos con que cuentan ambas entidades con miras al intercambio de información contenida en sus bases de datos, con el propósito de lograr el cobro de multas impuestas por infracciones ocasionadas dentro del distrito de Panamá por vehículos inscritos en otros Municipios que, de no ser por este sistema, incumplirían con el pago de sus obligaciones tributarias con el distrito capital.
La Sala de lo Contencioso Administrativo considera importante reiterar en su fallo que la ciudadanía debe actuar con sentido de responsabilidad en este tema, ya que convenios de esta naturaleza surgen como un mecanismo de defensa frente a la morosidad de los contribuyentes en el pago de sus multas.
El sector de El Lago está edificado en un área montañosa, como miles de viviendas, y el derrumbe se registró precisamente en una pendiente. De ocurrir otro deslizamiento, las residencias se pueden precipitar creando un dilema mayor.
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