El anuncio del alza del 6% en la tarifa de la electricidad a partir del próximo mes de agosto, ha llevado a que representantes de la Coordinadora para la Defensa de los Servicios Públicos mantengan una alerta en contra del aumento.
En el encuentro, efectuado en la Defensoría del Pueblo, los representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, coincidieron en que no existe una política energética coherente en Panamá.
Consideró que esta política debe incluir la revisión de los constantes aumentos en las tarifas eléctricas, situación que afecta a toda la sociedad panameña, especialmente a los más necesitados.
En este sentido, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, señaló que se deben tomar decisiones transparentes en el sector energético, concretamente en lo relativo al aumento de la electricidad.
Tejada subrayó que desde el 21 de mayo de 2003 solicitó al director presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos que se sometiera a consideración pública la petición del aumento de la tarifa de la luz por el daño que esta decisión causaría entre los usuarios.
La nota recalca que si no se cumplía con esta recomendación, bien podría ser demandada por ilegal, indicó el Ombudsman.
El artículo 24 de la Ley de Transparencia de la Gestión Pública obliga a todas las instituciones del Estado, y en ese sentido también al ERSP, a "permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos".
A renglón seguido, la mencionada ley ejemplariza de manera clara, la "fijación de tarifas por servicios", como uno de los actos que las instituciones deben someter a una de las modalidades de consulta ciudadana.
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