La corregidora de Calidonia, Marlenis Cruz, rechazó las acusaciones sobre abuso de autoridad y extralimitación de funciones formuladas en su contra por el representante legal de los ocupantes de las casas condenadas No. 28-45 y 9-21, ubicadas en la Calle Mariano Arosemena.
Cruz aclaró que ante la Corregiduría de Calidonia el propietario de los inmuebles solicitó el desalojo, tras las resoluciones de condena No.20-82 de 30 de marzo de 1982 y la No. 18-82 del 25 de marzo de 1982, emitidas por el Ministerio de Vivienda.
Dichas resoluciones, explicó la corregidora, ordenan la condena de los inmuebles, el desalojo de los ocupantes y posterior demolición.
Sin embargo, admitió que el demandante independiente de la condición de los ocupantes, procuró un acuerdo entre ambos y la Corregiduría intervino como mediadora para que se respetaran los derechos de las partes, tras lo cual se acordó una bonificación de B/.300.00, un término hasta el 3 de mayo de 1999 y transporte para la mudanza.
Cruz hizo la salvedad que también se les manifestó a los ocupantes de los inmuebles condenados que antes de la fecha, aquel que solicitase su bonificación y transporte para la mudanza, podría hacerlo, por lo que no se está desalojando a nadie.
La corregidora manifestó que en las ocasiones que se ha presentado en las casas condenadas, se ha tomado la precaución de cerrar los cuartos para impedir que personas del malvivir se introduzcan en esos inmuebles.
