Un informe del Banco Mundial (BM) sobre la corrupción, indica que las organizaciones públicas y privadas pierden cada año el seis por ciento de sus ingresos anuales por fraude y corruptelas, lo que afecta severamente a los pobres, al desviar los servicios públicos de aquellos quienes más lo necesitan.
El informe elaborado el año pasado tiene como objetivo ayudar a los países a combatir la corrupción e indica que esta práctica deteriora el apoyo a los programas de asistencia pública, creando percepciones erradas de que todos los programas de asistencia están afectados por la corrupción.
Una encuesta de la firma Ernst & Young, determinó que uno de cada cuatro negocios pierde más de un millón de dólares al año por fraude y corrupción.
El estudio enfatiza que el 67% de los entrevistados cree que el fraude se está empeorando y que la corrupción puede impedir el acceso a capital privado, que cada día es más discriminatorio en los países desarrollados.
"La corrupción lleva a una desviada distribución de los recursos, como una intervención excesiva del gobierno, por consiguiente un servicio inadecuado. Los niveles altos de corrupción desalientan las inversiones del sector privado, el crecimiento es lento y pueden perjudicar los esfuerzos de reducción de la pobreza en numerosos escenarios", detalla el informe.
Según el estudio, las reformas a las políticas económicas se mantienen como un pilar importante para simplificar las reglas y regulaciones, eliminar el poder del monopolio y reducir la autoridad discrecional de los servidores públicos, al igual que aumenta la transparencia y responsabilidad de los procesos e instituciones públicas.
También establece la creación de políticas salariales y de empleo con la finalidad de proporcionar incentivos para promover una conducta honesta y responsable de parte de los servidores públicos.
Para el presidente del Frente Nacional contra la Corrupción, Enrique Montenegro, la "corruptela" más grande está enquistada en el gobierno, que maneja un presupuesto superior a los B/.5 mil millones y tiene más de 150 mil empleados.
Indicó que de nada vale la aprobación de leyes anticorrupción, si no hay una "voluntad política" de reducir o eliminar estas actividades.
Detalló que Panamá está avanzando en la lucha contra la corrupción, porque en 1998 se aprobaron leyes mucho más estrictas para combatir este flagelo.
Sentenció que el contralor de la República, Alvin Weeden y el procurador de la Nación, José Antonio Sossa, no están cumpliendo con su misión de investigar las denuncias sobre corrupción que aparecen en los medios.
Agregó que también la Asamblea Legislativa debe cumplir en forma más estricta su acción fiscalizadora.
"La ley obliga a estos dos funcionarios a investigar de oficio las denuncias que haga cualquier ciudadano en un medio de comunicación, y ellos han inventado que necesitan pruebas", acotó Montenegro.
Explicó que el Frente Anticorrupción presentó 34 denuncias de corrupción durante la administración Pérez Balladares y en los 18 meses de gobierno de Mireya Moscoso se han interpuesto 40 denuncias, de las cuales, sólo se han investigado unos cuatro casos.
