El Partido Popular (PP) concluyó en que el gobierno nacional no puede achacar el creciente nivel de desempleo, el aumento de la delincuencia, el deterioro de la educación y la falta de vivienda a causas externas relacionadas con el concepto de la globalización, sino por efectos de la corrupción que caracteriza a la actual administración gubernamental.
Al hacer una evaluación de los tres años de gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, el PP estimó que las acciones del gobierno tales como la progresiva avaricia de poder, el asalto salvaje a la capacidad deliberativa de la Asamblea Legislativa, el control alevoso de la Corte Suprema de Justicia, así como la desagradable manipulación de las necesidades y sufrimientos del pueblo panameño, son los "peores actos de corrupción de que puede hacer gala hoy día el gobierno nacional" que lidera de la presidenta Moscoso.
Seguidamente expone estos actos de corrupción corroen a la nación panameña ante la mirada indolente y manifiesta complicidad de las instituciones encargadas de reprimirlas.
Ante esta situación, el PP convocó al pueblo a exigir las necesarias rectificaciones de la conducta de los gobernantes democráticamente electos y que urge corregir el rumbo del país, por lo que el partido rechaza "la manipulación , el engaño y la corrupción".
El PP opinó que al cumplirse tres años de gobierno de la mandataria Moscoso, el pueblo ha sido burlado por las promesas electorales , pues cada vez el país es más pobre, hay mayor endeudamiento y además entre la comunidad internacional "somos menos serios" menos respetado y favorecidos del aprecio de la comunidad internacional.
El colectivo opositor plasmó mediante un comunicado que en los tres primeros años de gobierno, la Asamblea Legislativa ha sido objeto de un escándalo nacional sin precedentes y el pueblo panameño ha sido sometido a la vergüenza de presencia una
Por otro lado, el presidente del PP, Rubén Arosemena lamentó que la nueva administración del Organo Legislativo, haya iniciado una barrería de funcionarios que devengaban bajos salarios y acusó directamente de esa situación a personas del partido arnulfista.
Arosemena dijo que la actuación del PP en la asamblea será de contribuir con las iniciativas que considera beneficiosas para el pueblo, pero así mismo harán las denuncias constantes como le corresponde a un partido de oposición democrática.
Igualmente señaló que el PP no ha hablado de romper vínculos con el Partido Revolucionario Democrático, (PRD) su aliado en el pacto META con el cual coinciden en que son partidos de oposición.
Aclaró que las partidas se incluyen en el presupuesto del MEF y que su ejecución es fiscalizada por la Contraloría General de la República como sucede con todos los fondos del Estado.
Durante el último año en el que se ejecutaron las partidas circuitales se creó el Programa de Desarrollo Social (PRODESO), oficina que estuvo a Cargo de José Vence, quien fuera el último director del Fondo de Inversión Social (FIS) durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Vence explicó que ante los cuestionamientos que se hacían por la ejecución de las partidas, la misma Asamblea Legislativa decidió poner un orden en el uso de las partidas circuitales" que dio lugar a un acuerdo para la reglamentación del uso de estos fondos.
Durante el último año de ejecución de las partidas circuitales, se estableció que a más tardar el 31 de marzo de cada año, los legisladores debían presentar un informe de la ejecución de sus proyectos de desarrollo social del año inmediatamente anterior.
Según Vence, se estableció que al legislador que no presentara el informe no se le haría el desembolso de su partida circuital del año en curso, lo cual permitió un control bastante efectivo sobre el uso de estos fondos.
También se dispuso en las reglamentaciones que las adjudicaciones de los proyectos de desarrollo social se regirán por la Ley 56 de 1995 (Contratación Pública), a excepción de los que se ejecuten en los municipios, los cuales se regirán por sus leyes especiales, además los fondos de los proyectos sería destinados y ejecutados principalmente en el circuito electoral que representa el legislador. No obstante, podrá utilizarse para invertir en proyectos de carácter provincial o nacional, hasta un máximo del 25 %.
Estas fueron sólo algunas de las normas incluidas en la reglamentación para el uso de las partidas, los legisladores que abogan por el restablecimiento de las partidas circuitales han planteado que se puede incrementar la fiscalización en conjunto con la Contraloría de la República para evitar el mal uso de estos fondos.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
