La participación ciudadana en la lucha contra la corrupción en las entidades de gobierno, es el nuevo concepto que promueven los jefes de contralorías en Centroamérica y el Caribe, declaró el director de Fiscalización de la Contraloría General de la República, Mario Yuil.
"Esto significa que el ciudadano toma la función fiscalizadora del Estado, haciendo reportes de la corrupción visible que ve en las calles, en sus barrios, y lo informan en la Contraloría", indicó Yuil.
Agregó que en la entidad, existe una dirección especializada que se encarga de investigar las diferentes denuncias estableciendo las evidencias que sean suficientes y competentes.
"Una vez que se compruebe la veracidad de la denuncia, se procede a hacer el informe para pedirle a la entidad donde se produce la irregularidad, que haga los correctivos del caso, que implican sanciones contra los funcionarios implicados", señaló Yuil.
Explicó que muchos de estos informes que pasan de aspectos administrativos y entran en lo penal, lo cursamos hacia la Fiscalía, como se ha hecho con los casos de los funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS), sindicados por presuntas irregularidades administrativas y extralimitación de funciones en lo concerniente a la contratación de servicios de seguridad.
También los casos pueden ser enviados a la Dirección de Recuperación Patrimonial (DRP), para que hagan las recuperaciones de las lesiones patrimoniales que se produzcan.
Según Yuil, es el propio ciudadano el que se percata inmediatamente de la presencia de vehículos oficiales en horas que no son laborables y en lugares de diversión los fines de semana, así como de los funcionarios que cometen irregularidades administrativas.
"Esa apatía que tiene el ciudadano común, que dice: a mí no me están robando, no se están metiendo conmigo, tienen que acabarla, porque todos los que trabajan y se les hacen descuentos sobre la renta, representan 500 mil contribuyentes que pagan sus impuestos al tesoro nacional", subrayó Yuil.
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