Washington, D.C. El reporte anual de 2004 de Barreras Comerciales Extranjeras preparado por la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), menciona por primera vez en un reporte de esta naturaleza que la corrupción en Panamá persiste no sólo en el sistema judicial, sino también a nivel de los municipios.
Este reporte comercial anual es fruto de la información recopilada por el propio USTR, los departamentos de Comercio, de Agricultura y agencias del gobierno de EU. Este reporte es complementado con información suministrada en el Registro Federal y por miembros del sector privado de comités de comercio y a través de las embajadas de los EU en el extranjero.
El reporte comercial anual de 2004 abarca 58 países, entre ellos, 17 países latinoamericanos. En su mayoría, el reporte es favorable a Panamá, al enfatizar que en el año 2002 hubo un superávit de $1.5 billones de dólares a favor de EU, lo que fue un incremento de $443 billones de dólares en comparación con el 2001.
Por otro lado, en el tema de otras barreras comerciales, el reporte comercial menciona la corrupción como el problema que encuentran los inversionistas norteamericanos en el istmo panameño, debido en su mayoría a que el personal no ha sido entrenado de una manera apropiada al torrente y acumulación de casos pendientes.
Critica, además, la falta de independencia de los jueces ante las influencias políticas. Este reporte es favorable para Panamá y es una continuidad de lo que ya se había publicado anteriormente, con la diferencia que ahora EU está tomando muy en cuenta el Tratado de Libre Comercio (TLC).
En este sentido, toma muy en cuenta áreas que pudieran mejorarse para negociar un TLC, como son las reglas de origen y la aplicación de la ley de propiedad intelectual, manifestó a El Panamá América el embajador, Roberto Alfaro Estripeaut.
Es cierto lo que el reporte dice de que los permisos fitosanitarios y las inspecciones a las plantas procesadoras se han demorado en varias ocasiones por diferentes razones, pero igual ocurre en EU y más ahora con la Ley de Bioterrorismo, la que exige el registro previo, dijo Alfaro.
Aunque EU opine que la seguridad jurídica debe mejorarse en Panamá, lo importante es que, según Alfaro, la seguridad jurídica ha logrado una mejoría con la creación de los juzgados que se han montado para tratar asuntos de comercio, con el arbitraje como medio de resolver conflictos entre las partes y el esfuerzo que se ha hecho por resolver los casos pendientes de varias compañías norteamericanas inversionistas en Panamá.
Con relación a las negociaciones del TLC entre EU y Panamá que comenzarán el 26 de abril, el embajador informó que el próximo lunes 5 de abril, el viceministro de Comercio Exterior, Romel Adames, se reunirá en esta ciudad con las firmas Arnold & Porter y con la de Griffin, Madigan, para ver los puntos que se van a tratar, cómo se va a negociar la agenda y qué es lo que se va negociar primero, enfatizó el diplomático panameño.
