Se ha podido constatar que los mismos están atrapados en trámites interminables y muchas veces influenciados por la corrupción que impera en el sistema de justicia.
Según estadísticas del CPDH, más del 50% de los detenidos esperan juicios y sentencias, en tanto, otro grupo desconoce su verdadera situación jurídica y los que requieren de defensores de oficio se quejan por la falta de recursos humanos y materiales para recibir una verdadera asistencia jurídica.
La situación en el sistema penitenciario también preocupa al Comité por las denuncias recibidas en cuanto a las condiciones de detención y prisión, violatorias de los derechos humanos en las cárceles del país.
Lo que ocurre es que los centros penitenciarios están sobrepoblados, no cuentan con custodios idóneos, las condiciones higiénicas son precarias, no tienen agua potable y la alimentación es deficiente.
Para solucionar este problema el gobierno requiere de mucha energía política, técnica y financiera, como indica el informe.
La falta de seguridad afecta a la población en todos los niveles y es un problema que atenta contra la estabilidad económica del país, precisa el documento sobre al seguridad ciudadana.
El documento también denuncia la represión empleada por la Policía Nacional contra ciudadanos que hacían uso de su derecho a la libertad de reunión y de manifestación en los meses de mayo y junio, durante las manifestaciones en contra de la ley del Seguro Social.
El estudio va más allá e incluye la salud.
Lo que se indica es que ha sido vulnerada debido al deficiente servicio hospitalario, la escasez de personal y medicamentos.
Se menciona igualmente la proliferación de epidemias y enfermedades de transmisión sexual, cuyo porcentaje en el país ha aumentado. El CPDH formula un llamado para que se lleven a cabo campañas permanentes de prevención.
El informe precisa que es urgente que el gobierno ponga en práctica su mensaje de la campaña electoral de "más empleo, más salud" y que se diseñen oportunidades de trabajo a los miles de jóvenes que salen de la universidad sin posibilidades de acceder a una fuente de ingreso real.
Este lunes llegarán al país miembros de la Comisión Interamericana de los derechos humanos, quienes se reunirán con miembros del CPDH para conocer alguna denuncias existentes contra el gobierno panameño como la que mantienen los despedidos por la Ley 25.
La violencia y la seguridad ciudadana siguen siendo un grave problema social, que atenta contra la estabilidad económica del país, afectando a todos los niveles de la población, destaca el informe.
En lo que va del año un gran número de personas han resultado víctimas de la violencia y la seguridad que existe en las principales ciudades del país.
