Un nuevo escándalo de corrupción vuelve a salpicar al Sistema Penitenciario Nacional.
La procuradora Ana Matilde Gómez denunció un "negociado" en el traslado de los reos a las diligencias judiciales, al aducir que los internos tienen que pagarles a los policías para poder montarse a los buses que los llevan hasta fiscalías y juzgados.
Si los internos no acceden a las tarifas que ponen sus custodios, no son trasladados a las fiscalías ni a los juzgados, problema que se refleja en la alta mora judicial en el país.
La jefa del Ministerio Público reveló que entre abril y junio de este año, 936 diligencias judiciales no se pudieron realizar por un supuesto problema de traslado.
Sin embargo, las pesquisas que adelanta Gómez dan cuenta de que se trata de un nuevo foco de corrupción y no un problema de buses.
Hasta el momento las empresas eléctricas de ambos países han venido trabajando conjuntamente en la realización de estudios para determinar la viabilidad técnica, económica, financiera, ambiental y social de la interconexión.
