En los últimos años la corrupción parece haberse convertido en algo habitual, y así lo demuestran las estadísticas manejadas por la Fiscalía Anticorrupción, en donde en los últimos ocho años se han investigado más de 2,626 casos.
De acuerdo con las cifras suministradas por el Ministerio Público, el 59% de estos casos están relacionados con delitos contra la administración pública, el 34% con delitos contra el patrimonio y el resto con delitos de falsificación o alteración de documentos.
Entre los años 1996 a 2003 se mostró un ingreso promedio de unos 300 expedientes por año a la Fiscalía Anticorrupción, con excepción del 2002 en donde se ingresaron 700 denuncias por casos de corrupción.
Las cifras señalan que en 1996 y 2003 se programaron un total de 965 audiencias, de las cuales se pospusieron 467 y se efectuaron 498.
En ese mismo período se expidieron 123 sentencias condenatorias y 26 absolutorias. Lo que se traduce en que en un 83% de los casos el Ministerio Público aportó evidencias sobre la existencia de hechos corruptos y sólo en un 17% no se lograron ubicar las evidencias correspondientes.
Como un factor que incide en la posposición de las audiencias se encuentra la presentación de recursos dilatorios por parte de los abogados y las dificultades del Organo Judicial para la notificación oportuna a todas las partes de las fechas de audiencia.
Entre los delitos objeto de investigación está la retención de cuotas obrero patronales.
Aquí las cifras señalan que el 2001 se procesaron 23 denuncias, en el 2002 297 y para el 2003 la cifra descendió a 177.
De acuerdo con el Ministerio Público, las cifras sobre denuncias de casos de corrupción se han duplicado en los últimos años, lo que ha obligado al aumento del personal y la asignación de mayores recursos para las investigaciones.
