Corrupción y manipulación en la justicia, según EU

Washington. Aun cuando en general el Gobierno de la presidenta Mireya Moscoso ha respetado los derechos fundamentales de sus ciudadanos, continúan existiendo serios problemas en varias áreas, destacó el reporte por país de los derechos humanos del Departamento de Estado.
Señala que a pesar de que el Gobierno de Moscoso fue elegido democráticamente y que la Constitución provee independencia entre los poderes del Estado, el Organo Judicial está sujeto a corrupción y manipulación política.
Otro de los aspectos que indica el reporte es que los medios de comunicación social se vieron sujetos a presiones políticas, demandas de calumnia e injuria y acciones punitivas por parte del Gobierno.
Agrega que las crueles condiciones de las prisiones, los abusos de los guardias y los brotes regulares de violencia interna dentro de las cárceles son serios problemas que atentan contra los derechos humanos.
La prisión preventiva continúa siendo uno de los problemas más serios que atentan contra los derechos humanos, debido en parte al elaborado y complicado proceso de notificación de las partes en casos criminales.
Según estadísticas del propio Gobierno panameño, hasta noviembre del 2003, la población de prisioneros en espera de juicio abarcaba la cifra de 6,367, equivalente al 55% del total de presos.
El término medio que tiene que esperar un detenido para que se le haga juicio es de 12 meses. El reporte dedica 30 páginas a Panamá.
Con relación a la mujer, el reporte hace un contraste interesante, al manifestar que aunque las mujeres ocupan altos cargos en el Gobierno, comenzando con la presidenta Moscoso, la discriminación y la violencia contra este género persisten y es un serio problema.
El índice de violencia doméstica reportado en el año 2003 alcanzó 1,519 casos, la mayoría de los cuales son perpetrados por esposos o familiares de las víctimas.
La información es recaudada por las embajadas de EU alrededor del mundo, conjuntamente con organizaciones de derechos humanos y otras instituciones que defienden la libertad del individuo.
Por otra parte, acá en Panamá, el Presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, coincidió en calificar el sistema de justicia como ineficaz, corrupto y sujeto de manipulación política.
Vásquez reconoció que a raíz de unos trabajos realizados por la Defensoría del Pueblo se pudo corroborar la existencia de abusos policiales en las cárceles y denuncias sobre maltrato a ciudadanos.
Alegó que incluso en algunos centros penitenciarios los reos no tienen acceso a sus abogados para el planteamiento de sus procesos legales ante los tribunales, situación que ha sido denunciada por familiares y juristas víctimas de estos hechos.