La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia acogió una apelación presentada por los abogados de la empresa Ports Engineering and Consultants, Corp. (PECC) contra la admisión de la demanda presentada por la Contraloría para anular el contrato suscrito entre la empresa y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
En un edicto emitido ayer, la sala admitió los recursos presentados por el abogado Carlos Carrillo en representación de PECC y de la firma Shirley Díaz, por poder concedido por el ex director de la AMP, Hugo Torrijos.
La decisión permite a las partes en conflicto la presentación de una serie de pruebas para sustentar que la empresa PECC actuó de acuerdo con la ley y que la suspensión del contrato pedido por la Contraloría es ilegal.
El contralor Alvin Weeden presentó un recurso de nulidad contra el contrato suscrito entre el Estado y la PECC para darle mantenimiento al servicio de boyas y señalizaciones marítimas.
La Contraloría, a través de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), aplicó medidas cautelares contra los bienes de PECC, pero la medida fue revocada por la Corte.
Los abogados de PECC anunciaron la presentación de recursos para solicitar el pago de indemnizaciones a esta empresa por los daños causados, durante el cese de operaciones, por la intervención de la DRP.
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