Corte anula millonaria indemnización portuaria

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia anuló, por ilegal, una resolución de la Autoridad Marítima de Panamá, que autorizaba indemnizar con B/.2 millones 306 mil 676 a la empresa KMRG, S.A.
A raíz de la privatización de los puertos Balboa y Cristóbal, el Estado - a través de la AMP- indemnizó a los usuarios de las terminales portuarias que mantenían concesiones con la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional (APN). La resolución J.D. No. 088-99 AMP, que autoriza la indemnización a KMRG, S.A., se emitió el 19 de julio de 1999, durante los últimos días del mandato del expresidente Ernesto Pérez Balladares.
En su fallo, la Sala Tercera de la Corte también ordenó un nuevo cálculo para cubrir la indemnización a que tiene derecho la empresa K.M.R.G. S.A., en concepto de las utilidades no percibidas por la terminación anticipada de sus contratos, a consecuencia de la privatización de los puertos. No obstante, declaró legal el pago de B/. 271 mil a KMRG, S.A. en concepto de mejoras realizadas.
La decisión de la Corte surge a consecuencia de una demanda de nulidad interpuesta por el contralor Alvin Weeden, en la cual impugna la citada resolución de la AMP. Según un informe de la Contraloría de la República, el monto de la indemnización autorizada por la AMP es "excesivo". Al aprobar esta indemnización, la AMP incurrió en "exceso de poder", debido a que se apartó de las normas relativas al procedimiento y cometió un "flagrante atentado contra los intereses públicos", agregó el documento de la Contraloría.
Para calcular los montos de las indemnizaciones a las empresas que mantenían concesiones con la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional, la AMP sólo consideró las utilidades durante el mejor y el peor año de sus operaciones, e ignoró los años en que las compañías mostraron pérdidas en sus declaraciones juradas de renta, se desprende del informe. Cabe señalar, que fuentes gubernamentales mencionaron que este fallo de la Corte puede motivar una serie de anulaciones de las indemnizaciones de empresas que fueron concesionarias de la antigua APN.