Un año ha pasado de la separación del cargo del subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Erick Bravo, por su presunta comisión de faltas éticas en la investigación del caso de Vanessa Márquez.
Desde entonces el trabajo en la entidad, a pesar de que se ha desarrollado, "no ha sido igual sin la figura de un subdirector", según reveló el director Jaime Jácome, al Panamá América .
Sostuvo que con la cantidad de funcionarios en la PTJ y con un presupuesto alrededor de B/. 17 millones, se puede entender que la figura de un subdirector es importante.
"Ya va un año donde hemos tenido que hacerle frente a esta responsabilidad solos, lo que es una carga dura de llevar pero se ha hecho de manera satisfactoria", explicó.
Jácome consideró que se han desarrollado todas las actividades que estaban planificadas de la mejor forma posible con los recursos asignados a la institución, "simplemente que toda la responsabilidad cae en mi persona sin tener un colaborador inmediato".
El jefe de la PTJ confió en que la situación del Bravo se resuelva con prontitud.
Hace un año, la procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la separación del subdirector de la PTJ.
La denuncia de la jefa del Ministerio Público fue enviada a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en donde se solicitaba la separación y aún se espera el fallo que decidirá el destino del funcionario.
El 3 de junio de 2005 culminó el proceso disciplinario y la Procuraduría General de la Nación reveló en un comunicado que tal petición se sustenta en las pruebas que se practicaron durante la investigación disciplinaria que se le siguió al funcionario.
En la sustentación se señala la interferencia del subdirector de la PTJ en las investigaciones que se llevaban a cabo, a objeto de determinar la causa de la muerte de Vanessa Márquez, lo que hizo motivado por un interés personal ante requerimiento que le formuló un amigo.
Al subdirector separado de la PTJ también le fue negada la acción interpuesta de recusación contra la procuradora Ana Matilde Gómez.
Mientras que 11 meses después de haber interpuesto en la Corte Suprema de Justicia la solicitud de separación del conocimiento del proceso disciplinario por parte de la Procuradora, la Sala Cuarta de Negocios Generales rechazó de plano el incidente.
