El Ministerio Público investigará al diputado Rogelio Alba por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio, contra la Fe Pública y contra la Administración Pública, toda vez que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió autorizarla para que determine la existencia o no de estos delitos.
Alba fue denunciado por la presunta vinculación con el cobro de cheques de personal de su planilla en el Parlamento y que supuestamente fueron retenidos, cobrados y cambiados por el propio diputado. Incluso fue denunciado por falsificar la firma de una de las beneficiarias.
Esta es la primera autorización que emite el más alto tribunal de justicia sobre una investigación penal contra un miembro de la Asamblea, en aplicación del numeral 3 del artículo 206 de la Carta Magna, introducido por la reforma constitucional de 2004 que faculta al pleno de la CSJ para investigar y enjuiciar a los diputados.
Esta decisión tuvo como ponente a la Magistrada Esmeralda de Troitiño y contó con el aval de los magistrados José Troyano, Jorge Federico Lee, Graciela Dixon e Hipólito Gil. Mientras que los magistrados Arturo Hoyos, Aníbal Salas, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista salvaron su voto.
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