"Todos los procesos tienen términos legalmente establecidos que los jueces conocen perfectamente, sin embargo, en Panamá, lamentablemente todos los tribunales son morosos en su cumplimiento", criticó ayer el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola.
Precisó que esta no es una falta disciplinaria exclusiva de los juzgados, ya que empiezan en la Corte, la cual no cumple con los términos legales.
Estas consideraciones que plantea Molino Mola se centran en el velo de misterio que envuelven las recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Harley Mitchell sobre las auditorías que se realizan a los juzgados.
El magistrado Mitchell reveló que "dan ganas de llorar" los resultados de las auditorías que se realizaron a los juzgados, entre estos los despachos que ventilan los procesos de las quiebras fraudulentas de Adelag y Fotokina que superan los ocho años en los tribunales.
Al respecto, Molino Mola señala que en las declaraciones de Mitchell no se precisan las irregularidades, pero se estima que son lo suficientemente graves para que haya despidos.
El jurista considera que a través de estas auditorías se debe establecer si los jueces están haciendo su trabajo en los términos que la ley establece.
De acuerdo con el ex magistrado, la morosidad es una de las causas por la cual se puede destituir a un juez, pero tiene que haber sido sancionado dos veces por la misma falta.
Morosidad.
Las actuaciones de los jueces que han desfilado desde el 2001 y 2002 en los casos Adelag y Fotokina, como la dilatación de los términos que se fijan para desarrollar un proceso en los tribunales, podrían ser las causas que motivaron las auditorías.
Ambos casos han sido dilatados con estrategias legales de las partes involucradas, los impedimentos interpuestos por jueces y denuncias contra juzgadores.
Adelag.
En el año 2001 se inició un proceso penal por la quiebra millonaria del Grupo Adelag por B/ 23 millones.
Siete años después, el mes pasado los imputados y los bancos, llegaron a un "concordato resolutorio", donde se busca el desistimiento de la acción penal.
A pesar del acuerdo al que llegaron los imputados, se fijó para el 2 de diciembre próximo la fecha de seguimiento del juicio a nivel penal, por los supuestos delitos de estafa y falsedad de documentos que se le imputan a los acusados.
