La Corte Suprema de Justicia declaró legal el arresto de 21 ciudadanos de origen somalí, que ingresaron al país de forma ilegal por la frontera con Colombia y que se presume fueron introducidos por una red de traficantes de personas.
La máxima corporación de justicia también dispuso la legalidad de la detención aplicada a cuatro nepalíes, quienes fueron detenidos en el puesto de control de Guabalá, provincia de Chiriquí.
En ambos casos, las autoridades corroboraron que las personas no contaban con visas ni pasaportes para permanecer en el país y no pudieron justificar su presencia en el territorio nacional.
En el caso de los 21 somalíes se presume que éstos llegaron al país, siguiendo la ruta: Europa, Ecuador, Colombia, para luego cruzar hacia Panamá y seguir rumbo hacia los Estados Unidos.
El grupo de somalíes presentó una solicitud para que sean considerados como refugiados; esta solicitud es evaluada por la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR), que debe determinar si califican para ello.
