La Sala Tercera Contencioso Administrativo declaró ilegal el Decreto de personal No. 220 de 29 de mayo de 2001, por el cual se ordenó la destitución del capitán del Servicio Aéreo Nacional (SAN), Rubén Darío Argüelles.
Argüelles fue destituido del SAN por su presunta implicación en el manejo irregular de combustible para helicópteros.
Sin embargo, estos señalamientos contra el piloto nunca fueron probados por las autoridades del SAN que realizaron una investigación.
Luego de esto, Argüelles presentó un solicitud de reconsideración de su destitución, pero fue rechazada.
A raíz de esta situación, Argüelles promovió una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa.
Argüelles también había solicitado el pago de los salarios caídos por el período que se mantuvo fuera de la institución, pero esta petición no le fue admitida.
La Contraloría General de la República realizó una investigación sobre el caso de los helicópteros del Servicio Aéreo Nacional, y a otros particulares en donde se determinó la existencia de algunas irregularidades.
La investigación realizada por la Contraloría fue remitida al Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales en estos hechos.
Según las pesquisas realizadas, las autoridades del SAN no mantenían un control exacto de las asignaciones de combustibles dadas a los helicópteros que recibían suministro allí.
También se mencionó la existencia de irregularidades en el sistema de compras de piezas y repuestos para las aeronaves.
Algunos de los helicópteros y aviones del SAN permanecían largos períodos de tiempo en tierra por no tener repuestos.
En la actualidad la nueva administración del SAN ha hecho señalamientos similares sobre el manejo de los repuestos y de las aeronaves.
A raíz de esta situación se ha ordenado la realización de una auditoria para determinar el manejo dado a los recursos de esa institución de seguridad.
