La decisión de los magistrados del Tribunal Superior de Coclé definirá si la servidumbre del conflicto en Sea Cliff de Las Guías de Occidente en Antón es pública o privada; mientras que la comunidad que aún clama justicia no tiene acceso a la playa.
La inspección realizada el pasado jueves 27 de agosto por los magistrados del Tribunal de Justicia de Coclé pondrán fin a fuertes enfrentamientos entre la comunidad y Richard Cruset.
Tanto los residentes del sector playero de Sea Cliff y pescadores artesanales de las Guías de Occidente necesitan la servidumbre para entrar a la playa, la que ha sido utilizada por más de 70 años.
Correspondió a los magistrados Juan Francisco Castillo y Delia Carrizo realizar el recorrido desde la entrada hasta la playa y junto a residentes de Sea Cliff, pues era necesario la verificación desde la entrada a la playa hasta las residencias y las vías de acceso a esta playa turística.
Aún el problema en la playa Sea Cliff no termina y, a pesar de que en la última inspección que se realizó no hubo enfrentamientos por la presencia policial, los residentes del área y hasta los pescadores aseguran que para ellos es un peligro bajar a la playa por esta servidumbre, porque Richard Cruset asegura que es su propiedad y temen ser atacados como en ocasiones anteriores, aunque Cruset asegura que es él la víctima.
Antecedentes.
Desde hace más de siete años, los residentes de este sector, al igual que los pescadores, denunciaron que el empresario Richard Cruset no les permite entrar a la playa por la servidumbre que utilizaban para acceder a la playa, pues, según él, es privada y le pertenece.
Cruset decidió cercar para que nadie utilizara la servidumbre, por lo que el ex alcalde Roger Ríos, a través de una Resolución y luego de investigaciones determinó que la servidumbre es pública, lo que fue ratificado por el Gobernador de la provincia, y se derribó esta cerca.
El problema no acabó, puesto que Cruset levantó la cerca alegando que es de su propiedad, e interpuso un recurso ante el Órgano Judicial, lo que no fue del agrado de la comunidad, quien decidió ir con mazos y alicates a derribar la cerca
Luego de esto, los residentes pidieron a Julio Botello, abogado y asesor legal del Municipio de Antón, que se legitimizara esta decisión y que de manera legal se designara la servidumbre como pública.
A partir de ese momento inicia el problema, debido a que las acciones judiciales de Cruset aseguran que la servidumbre es privada y de su propiedad, porque está dentro de su finca.
Residentes.
Carlos Sosa, residente del sector de Sea Cliff, dijo que ellos están “positivos” , ya que consideran que esta inspección ocular de campo de los magistrados del Tribunal Superior de Coclé es precisamente para verificar el informe pericial que se le entregó hace años a los jueces en este caso que lleva años en litigio.
Se inspeccionó el área de bajadas en Santa Clara, la finca privada del señor Sofer, la finca privada de El Platanal, la finca privada de Las Cabañas Perico, que también es privada y se comprobó que ninguna es apta y que todas están lejos y son privadas.
Sosa aseguró que esta servidumbre existe desde 1932, cuando la familia Olivg la adquirió y dejó la bajada constituida como servidumbre pública para el pueblo y los residentes del área, lo que indica que cuando la familia Cruset la adquirió ya estaba la servidumbre constituida, él lo sabe y hay documentos en Catastro.
