La Corte Suprema de Justicia no admitió una demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta contra las resoluciones de la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), relativas a las obras complementarias para la distribución de agua en el distrito de Arraiján y áreas aledañas, conocido como Laguna Alta.
La demanda de nulidad también se había hecho extensiva a la construcción del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Pacora, Tocumen y sectores adyacentes que están afectados por la carencia del vital líquido.
Bajo la ponencia del magistrado Arturo Hoyos se estableció que la demanda no podía ser admitida, debido a que no se puede impugnar simultáneamente actos administrativos jurídicamente independientes a través de un mismo recurso.
El recurso presentado por la abogada Tatiana Pittí es contra las resoluciones No. 70 y No. 71 del 18 de octubre de 2001 y las No. 105 y No. 106 de diciembre de ese mismo año, expedidas por el IDAAN y promulgadas por el Consejo de Gabinete en enero del 2001 y marzo del 2002.
La Junta Directiva del IDAAN, ante la urgencia notoria que el proyecto de Laguna Alta proporcionara agua a los distritos de La Chorrera y Arraiján, autorizó al director ejecutivo de esa institución para que por vía de invitación llevara a cabo el proceso de selección de contratista, para mejorar las redes existentes y la instalación de infraestructura que permitiese la distribución de agua potable a la población del área Oeste de la provincia de Panamá.
Debido a las mismas causas también se autorizó al director del IDAAN para que por el mismo sistema estableciera un contrato para que se construyera el nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Pacora, Tocumen y otras áreas del sector Este de la provincia de Panamá.
El Departamento de Estado norteamericano y la Organización de los Estados Americanos (OEA) también han expresado preocupación por la libertad de expresión en Panamá, citando evidencia de represión e intimidación de periodistas por parte del gobierno.
Unos 90 periodistas enfrentan casos de difamación, según dijeron este año periodistas locales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En más de un tercio de los casos, la acusación fue presentada por figuras públicas que pueden hacer cargos criminales contra periodistas por "falta de respeto".
En el 2000, el ex director de El Siglo, Carlos Singares, fue encarcelado por un artículo sobre la supuesta visita de un funcionario a un burdel que empleaba menores como prostitutas.
En junio, el Congreso aprobó una ley que, si es autorizada por Moscoso, impondría un código de ética a los periodistas.
Eric Jackson, editor del diario en inglés Panama News, dijo que actualmente la libertad de prensa es más importante que nunca debido a la presunta corrupción en la Asamblea nacional.
Los legisladores han sido acusados de recibir sobornos de empresarios para autorizar grandes parques industriales, mientras que se acusa al gobernante partido Arnulfista de haber pagado 1.5 millones de dólares en dádivas a los legisladores opositores.
"La clase política busca acallar a la prensa con la esperanza de no ser llamada a rendir cuentas", dijo Jackson.
